Resolviendo una tutela, el alto tribunal contradijo al Ministerio de Minas y a la Procuraduría quienes decían que el uso del subsuelo seguía siendo de la nación. La Corte no se refirió a la reduccion de ingresos por impuestos y regalias que se derivaría ni a las consecuencias en contratos vigentes.

Un terremoto de reacciones se espera después de que la Corte Constitucional aclarara que los municipios son los propietarios de su subsuelo y en consecuencia los alcaldes pueden vetar la minería sin consulta a las autoridades nacionales.

El caso se había vuelto toda una novela, incluso la Procuraduría había dicho el pasado 30 de septiembre que las decisiones sobre la explotación y el uso del subsuelo eran potestad únicamente de la nación y por ende era el Gobierno el que tenía que tomar determinación de permitir o prohibir actividades como la minería.

Foto: Cerromatoso

Este martes la propia Corte ratificó que NO. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, se pronunció en el marco de la tutela interpuesta por Liliana Mónica Flores, habitante del municipio de Pijao, contra el Tribunal Administrativo de Quindío que en el 2015 le prohibió a su alcalde realizar una consulta popular.

La Corte señala que el artículo 332, establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Y que como el artículo no se refiere a la Nación sino al Estado, y este es el conjunto de las entidades territoriales, debería entenderse entonces que el artículo constitucional incluye a los municipios. “Se concluyó que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

“Pero la Corte fue mucho más allá y criticó fuertemente la política minera del Gobierno: “la sala sexta de revisión además precisó que el Gobierno Nacional ha construido toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios, razón por la cual ordenó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de construir una investigación científica y sociológica en la cual se identifiquen y precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano”.

Casualmente en la mañana de este martes se estaba realizando el foro ‘Minería Bien Hecha para el Desarrollo Regional', en el cual participó el ministro de Minas, German Arce. Durante la misma reiteró la importancia de la actividad “para el desarrollo regional” y puso como ejemplo que sólo en regalías, la industria minera ha pagado cerca de $10 billones en los últimos cinco años, "para que tengan una idea, con estos 10 billones de pesos se podrían financiar dos años completos del Programa Social Familias en Acción".