Según el informe ‘Colombia, un cambio de rumbo’, en el país hay entre 11,8 y 19 millones de personas expuestas a riesgos muy altos por la mala calidad del agua.

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, a pesar de que Colombia es uno de los 9 países con más abundancia de agua en el mundo debido a la inmensidad de sus recursos hídricos: lagos de montaña, acuíferos profundos, arroyos, ríos y páramos entre otros, la forma en la que se gestionan y usan los recursos hídricos revela claros desafíos como lo es el hecho de que un tercio de su población urbana esté afectada por estrés hídrico.

Según los autores, la contaminación del agua golpea cada vez más al país y el deterioro del líquido vital se debe la falta de tratamiento de residuales sin tratar de los hogares, así como en actividades como la industria y la minería, además de la deforestación.

El Banco Mundial señala que varios sectores vitales de la economía se ven frenados por la mala distribución del agua, la contaminación y la mala gestión, lo que impide un crecimiento económico sostenible del país.

El documento señala que el cambio climático está incrementando las anomalías pluviales, y se prevé que las temperaturas medias aumentarán en hasta 2,14 grados hacia el final del siglo. El resultado probable será un mayor número de sequías e inundaciones, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña, y la pérdida rápida y constante de glaciares, que ya han retrocedido un 60% en los últimos 50 años.

La contaminación del agua, otro problema grave que incluye el documento, está degradando cada vez más la calidad de los recursos hídricos del país y dañando sus ecosistemas. En muchas regiones, el agua está tan contaminada que el contacto directo es peligroso. Las cargas sanitarias que impone la contaminación del agua crean ciclos viciosos de pobreza, desigualdad y movilidad forzada.

El agua contaminada y la incertidumbre pluvial también están incidiendo en la estabilidad de los ingresos agrícolas, que son fundamentales para lograr que las zonas rurales y remotas del país prosperen, asegura el grupo de expertos.

Para la elaboración del informe, se estimaron los impactos utilizando una combinación de modelos econométricos e hidrológicos, y con esa evidencia se formularon recomendaciones de políticas multisectoriales (presentadas en una matriz al final del Resumen Ejecutivo) para reorientar al país hacia la seguridad hídrica en el futuro.

El estudio combinó modelos microeconómicos de equilibrio parcial, con el fin de estimar cómo los diferentes escenarios e intensidad de choques hídricos afectan ciertos subsectores de la economía colombiana. En particular, los choques hídricos afectan el capital humano, la productividad agrícola, los efectos de las inundaciones y sequías, e inclusive los desplazamientos de las personas.

En Colombia, donde la tasa de desplazamiento interno es una de las más altas del mundo, la incertidumbre pluvial y el aumento de la contaminación del agua están acelerando los desplazamientos, lo que plantea dificultades al Gobierno al momento de elaborar planes de desarrollo territorial y políticas inclusivas en las zonas rurales, menciona el documento.

Los choques hídricos tienen que ver con disminuciones en los ingresos agrícolas, pérdidas de activos y bienestar por inundaciones, contracciones en el empleo por sequías e inundaciones, y los costos de oportunidad de la falta de cobertura de agua y saneamiento a partir de la carga de enfermedades.

Según el informe, en el país hay entre 11,8 y 19 millones de personas expuestas a altos riesgos debido a la contaminación del agua, pese a la existencia de un completo marco regulatorio contemplado en la Constitución, el Código Nacional de Salud y las normas expedidas por el Ministerio de Ambiente.

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El impacto de la covid-19 en el sector del agua

De acuerdo con el análisis, la pandemia de covid-19 ha impuesto limitaciones a los proveedores de servicios de agua en todo el país. Mantener la continuidad del servicio e incluso aumentar los niveles de abastecimiento de agua durante la fase de emergencia de la crisis han planteado un gran desafío para los proveedores.

La presión adicional sobre estos se originó en la disminución de los ingresos, debido a las dificultades que enfrentan los hogares para pagar las facturas y al aumento de los mandatos públicos relacionados con el suministro de agua.

A esto se han sumado el aumento de los costos (horas extras, la incorporación de personal temporario, y la importación de insumos, como productos químicos) y las limitaciones en materia de prestación y cobertura del servicio, ya que hay zonas que carecen de acceso o donde la continuidad del servicio es escasa.

Según las recomendaciones del documento, estos problemas que han surgido con la pandemia exigen reforzar el desarrollo del sector y promover asignaciones más altas de financiamiento público.

El texto concluye indicando que, las inversiones correctas en seguridad hídrica conllevarán la creación de empleo, un equilibrio entre la infraestructura verde y la infraestructura gris, y el mejoramiento de las condiciones de salud para las personas pobres y vulnerables.

La incorporación de estas inversiones en el desarrollo territorial reducirá la migración a las ciudades, así como el número de personas que se desplazan dentro del país, y promoverá la paz y la seguridad, señalan los expertos en el informe.