Dicen además que el Fondo de Compensación Ambiental es insuficiente para realizar sus funciones. Crece la controversia. "Nunca alcanzará el dinero para restaurar lo que otros van dañando" expresan funcionarios del sector Hacienda.
Ramón Leal, director de Asocars y Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. / Foto: BanrepublicaDel 25% que le van a quitar al sector ambiental el otro año como se establece en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, las CAR sufrirían un recorte del 53,9% en los recursos destinados para inversión ambiental. Por eso las corporaciones están advirtiendo que con ese tijeretazo se dificulta el cumplimiento de las metas del crecimiento verde del Plan Nacional de Desarrollo, así como los compromisos con la OCDE. Funcionarios del sector Hacienda recordaron la controversia en torno a la debilidad de las CAR en el ejercicio de autoridad contra quienes ocasionan daños ambientales, "es más importante prevenir los daños con el ejercicio de la autoridad ya que su reparación exige recursos impagables".
El déficit que este recorte generará deberá ser cubierto con los recursos de cada una de las regiones, como los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental, “que son insuficientes para cumplir con las funciones e inversiones ambientales que deben realizar las autoridades ambientales”, asegura el director de Asocars, Ramón Leal.
Advierte que precisamente en este año de recorte de recursos, es cuando más se les quiere asignar nuevas funciones. Un ejemplo es el proyecto de ley 09 de 2017 de Senado que busca reformar la Ley 1448 de 2011, en cuanto al trámite administrativo y judicial de la acción de restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento y despojo. En este, se propone imponer a las CAR la obligación de adquirir, con cargo a sus recursos propios, aquellos inmuebles que no sea posible restituir a las víctimas.
Por ello, mediante un comunicado, Leal le pidió al Gobierno “coherencia al definir los recursos para las autoridades ambientales regionales, ya que, por un lado, se recorta el presupuesto para el 2018, pero por otro lado se promueven iniciativas para adicionarles funciones como son las tareas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, con el que las corporaciones están completamente comprometidas”.
En este orden de ideas, Asocars hizo un llamado para que el Presupuesto General del otro año por lo menos “mantenga los recursos asignados al sector ambiental en el 2017”.
Sin embargo, hay que señalar que los recursos de muchas crecieron en los últimos años en diferentes regiones como consecuencia de la autorización para incrementar la sobretasa ambiental que se cobra en el impuesto predial. Manizales, Medellín e Ibagué, son algunas de las ciudades donde se dispuso un aumento de este tributo en los últimos años. Esto adicional a la actualizacion catastral que adelantó el IGAC en la ultima decada que significó un incremento en el valor de los predios en todo el país y en consecuencia en los ingresos de las CAR.
A eso se suma la necesidad de una mayor transparencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, una auditoría de la Contraloría en los últimos meses a 16 corporaciones autónomas del país, esta entidad advirtió de hallazgos fiscales por 10.022 millones de pesos en por lo menos 7 de ellas. En su momento aseguró el ente de control que entre las irregularidades se habrían encontrado 22 de tipo penal y 288 que terminarían en sanciones disciplinarias.
Sin embargo, hay que señalar que los recursos de muchas crecieron en los últimos años en diferentes regiones como consecuencia de la autorización para incrementar la sobretasa ambiental que se cobra en el impuesto predial. Manizales, Medellín e Ibagué, son algunas de las ciudades donde se dispuso un aumento de este tributo en los últimos años. Esto adicional a la actualizacion catastral que adelantó el IGAC en la ultima decada que significó un incremento en el valor de los predios en todo el país y en consecuencia en los ingresos de las CAR.
A eso se suma la necesidad de una mayor transparencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, una auditoría de la Contraloría en los últimos meses a 16 corporaciones autónomas del país, esta entidad advirtió de hallazgos fiscales por 10.022 millones de pesos en por lo menos 7 de ellas. En su momento aseguró el ente de control que entre las irregularidades se habrían encontrado 22 de tipo penal y 288 que terminarían en sanciones disciplinarias.
