A través de una carta, el registrador Juan Carlos Galindo le pidió a la Corte Constitucional que le responda rápidamente qué hacer con la logística de esas votaciones.

En carta dirigida al Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el registrador Juan Carlos Galindo le pidió a ese alto tribunal que le dé indicaciones sobre el futuro de las consultas populares sobre proyectos minero energéticos, programadas para la próxima semana en Fusagasugá y San Bernardo.
Esta consulta se elevó después de que la Corte decidiera ponerle freno a las consultas populares sobre este tipo de proyectos en un pronunciamiento de la semana pasada, cuyo fallo aún no se conoce integralmente.
“De manera respetuosa requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas”, dice la carta.


Vale la pena recordar que el pasado 12 de octubre, el alcalde de Fusagasugá, Luis Antonio Cifuentes, dijo que “la consulta es para preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la explotación minera a gran escala, la petrolífera y el fracking. Ya es la voluntad ciudadana si se vota sí o no. Esto surtió todos los pasos legales y jurídicos necesarios y se fijó la fecha del 21 de octubre”.
Según el mandatario regional, los recursos para la realización de la consulta, casi 400 millones de pesos, salieron del Ministerio de Hacienda y que de las arcas del municipio no ha salido un peso.
En el caso de San Bernardo, se preguntará "¿está de acuerdo sí o no, que en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, se lleven a cabo actividades de exploración, perforación y explotación de hidrocarburos y/o pequeña, mediana y gran minería?".