Luego de que el Dagma oficializara el pasado mes de agosto el cierre de la escombrera de la 50, Cali no cuenta con un sitio adecuado para depositar las 200 toneladas que genera a diario.
Encontrar una nueva escombrera se ha convertido en un dolor de cabeza para la autoridad ambiental, que a la fecha contempla cuatro predios para disponer de las cerca de 200 toneladas de desechos de construcción que produce la ciudad, tres de los cuales, dice Luis Alfonso Rodríguez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) tienen mucho rechazo por parte de la comunidad.
Asegura el funcionario que están superando todos los obstáculos y en este momento están tratando de convencer a las personas de la necesidad de tener una estación de trasferencia en el área urbana. “Lo primero es la primacía del bien colectivo sobre los bienes particulares”, puntualiza.
Los habitantes y comerciantes de los barrios El Pondaje, Ricardo Balcázar y Villa Blanca rechazaron tajantemente el proceso de adquisición del lote de la calle 70 #26N – 03, antigua base operativa de la empresa de buses Verde Plateada, adelantada por el Dagma. Mientras que Rodríguez indica que para el 2017 iniciará la socialización con la comunidad y la adecuación del predio, la Junta de Acción Comunal de El Pondaje anunció acciones legales para impedir el proyecto.
Dagma estima que en septiembre y diciembre se incremente en un 30 por ciento la cantidad de escombros que se arrojan inadecuadamente por el aumento de construcciones de fin de año.
Tener cerrada la escombrera de la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, implica asignarles a los carretilleros de oficio un nuevo sitio, y ante la dificultad de encontrarlo, los separadores viales, los canales de aguas lluvias, el jarillón del río Cauca y las orillas del río Cali se han convertido en botaderos ilegales, generándole un gran costo al municipio.
Por otra parte, la ciudad tampoco cuenta con las escombreras de los municipios de Yumbo y Candelaria, a donde eran llevados los desechos hasta hace dos meses y los cuales hoy permanecen cerrados de manera provisional, por las condiciones sanitarias del lugar y por problemas ambientales, respectivamente. La primera, cerrada por una investigación de la Procuraduría Ambiental y la segunda, por la suspensión de la Corporación Autónoma del Valle (CVC) a la cual la comunidad vecina restringió el acceso aduciendo irregularidades en el tratamiento de los residuos.
Según afirmó Katherine Arteaga, vocera Ciudad Limpia, al diario El País de Cali, la empresa de aseo no está prestando el servicio de traslado de escombros, al tiempo que indicó que la situación es delicada y podría generar una crisis ambiental en la capital vallecaucana.
