El Centro Democrático presentó una iniciativa para que los ocupantes que demuestren buena fe puedan formalizar sus tierras, la propuesta además tumba la normativa de recuperación de baldíos.

La senadora del Centro Democrático Nohora Tovar Rey, radicó en el Senado de la República un proyecto de ley que según ella tiene como objeto brindar solución jurídica a ocupantes y poseedores de buena fe a quienes no se les ha permitido la formalización de títulos por parte del Gobierno Nacional.

Nohora Tovar, autora del proyecto. Miguel Samper, director de la Agencia de Tierras. / Fotos: Colprensa

“Poseedores y ocupantes ancestrales de las tierras especialmente en los Llanos Orientales se han visto afectados porque el Estado Colombiano de manera arbitraria, ha impedido el perfeccionamiento del derecho de dominio so pretexto de declararlas como ‘recuperación de baldíos indebidamente ocupados’” explicó la senadora Tovar.

En el articulado conocido por Catorce6, la congresista busca dejar sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados como “recuperación de baldíos”. Pero además tiene carácter retroactivo porque en el artículo 6 es muy claro en decir que “restituye el derecho a los afectados”

La iniciativa despertó una profunda polémica, no solo de ciudadanos que critican a través de redes sociales que se quiera tumbar el programa para reclamar las tierras baldías, sino también del propio Gobierno. A través de su cuenta en Twitter, el actual director de la Agencia Nacional de Tierras criticó fuertemente la iniciativa, “Fue radicado este Proyecto de Ley que legalizaría el despojo contra el Estado (y todos los colombianos)”, dijo el funcionario.

Esa preocupación del Gobierno fue ampliada a través de un comunicado de prensa en donde alertan que “quizás lo más preocupante del proyecto es su expresa intención de reversar la recuperación de los baldíos pues ello implica que los esfuerzos y los años invertidos por el Incoder para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos, se reversarían para borrar de un plumazo lo conseguido hasta el momento”.

Samper advirtió que es un proyecto que abiertamente se opone a “realizar una política coherente de distribución de la tierra que responda a criterios de mayor equidad. Una que beneficie a los más vulnerables. Sin tener la posibilidad de hacerlo con esa finalidad, se terminarían afectando de manera directa a esos doce millones de campesinos con los que tenemos una deuda enorme”.