Con una aprobación de 70 votos, de 84 en total, el Congreso de El Salvador prohibió este miércoles la minería de metales en el suelo y subsuelo de dicho país.
El principal argumento es de carácter ambiental, exponiendo las graves consecuencias sobre los recursos hídricos del país y consecuentemente, sobre la salud de sus habitantes. Desde el primer artículo de la nueva ley se establece la prohibición de actividades como exploración, explotación y procesamiento de metales, bien sea a cielo abierto o a nivel subterráneo. Así mismo, la ley es clara en la prohibición del uso de químicos como el mercurio y el cianuro, muy comunes en los procesos de extracción de metales.
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Bajo impacto económico, alto impacto ambiental y mucha presión social: es la realidad de la minería de metales en El Salvador. El pais lleva más de 12 años de discusiones en torno al tema y 6 iniciativas presentadas y rechazadas, a raíz de estudios que han concluido que el 90% de las aguas del país se encuentran contaminadas por productos químicos tóxicos, metales pesados y desechos. Esto pone a dicho país en una situación ambiental crítica que impulsó a ciudadanos, organizaciones ambientalistas y a la propia iglesia católica, a presionar para impulsar una ley que protegiera los recursos naturales de actividades con alto impacto ambiental como la minería. Sin embargo, expertos estiman que el impacto económico que tendrá la prohibición en cuestión no será significativo, pues el aporte de la minería al PIB nacional fue de tan solo el 0.3% entre el 2010 y el 2015.
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La Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, declaró que este no es un tema nuevo en El Salvador pues prácticamente desde el año 2009 no se están otorgando licencias de exploración o explotación minera, sólo que ahora existe una ley que ampara dicha decisión. El estancamiento en el otorgamiento de licencias surgió a raíz de la petición del ex presidente, Elías Saca, quién instó a realizar un diagnóstico de impactos sobre el medio ambiente y a regular la actividad minera según resultados obtenidos.
Fuentes: La Nación, América Economía, La Vanguardia, Voz de América.
