Pese a los esfuerzos de empresarios responsables, en Colombia aún parece que se lava dinero con exportaciones ficticias de oro y persiste la minería criminal. Enriquecimiento ilícito y daño ambiental.
Por Narda Ardila
Según la Universidad Nacional de Colombia, la exportación del oro en el país se acerca al 99 por ciento de lo que se extrae. El término de producción de oro no es apropiado, ya que no es posible producirlo; el término más preciso es extracción.
Un 50 por ciento de esta exportación es para uso suntuario, joyas y hasta para alimentación, como es la nueva moda; un 40 por ciento se destina como valor soporte y llega a las bóvedas de bancos o instituciones en el extranjero, y un 10 por ciento es para usos industriales como aparatos electrónicos y utensilios de odontología.
El oro y el carbón tienen una característica común, pues son exportados crudos de Colombia casi en su totalidad (99 por ciento del oro y entre 92 y 95 por ciento del carbón). Según el estudio “Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista” de la Contraloría General de la Nación, esta situación “no permite encadenamientos productivos; por lo tanto, no dinamizan directamente la economía y generan impactos negativos por su minería a cielo abierto”.
.jpg)
La remoción de masa con equipos mecanizados en la minería ilegal no tiene un sistema de recuperación de
las áreas afectadas ni de piscinas de sedimentación. / Foto: Cortesía Policía Nacional
las áreas afectadas ni de piscinas de sedimentación. / Foto: Cortesía Policía Nacional
Con base en los datos del Catastro Minero Colombiano del Ministerio de Minas y Energía a julio de 2012, el 8 por ciento del departamento de Caldas se encuentra con títulos mineros y el 47 por ciento solicitado, en Antioquia se ha titulado el 10 por ciento del territorio. Entretanto, departamentos amazónicos como Vaupés y Guainía se encuentran en solicitud para exploración de oro en el 31 por ciento y el 15 por ciento de sus áreas.
El estudio plantea una baja participación del Estado colombiano en las rentas mineras, tanto en coyunturas de precios normales como cuando se producen bonanzas de precios, y por tanto sugiere la necesidad de revisar los mecanismos de fijación de las tasas de participación pública en estas rentas mediante el mecanismo de regalías.
¿Por qué sacarlo todo?
Según Guillermo Rudas, economista investigador del tema minero en Colombia, el precio internacional del oro es determinante para que casi la totalidad sea comercializado fuera del país. Estos precios del oro y del níquel comenzaron a tener un incremento a partir del 2002 y de esta forma comenzó también la solicitud de títulos mineros con beneficios tributarios otorgados por el gobierno.
El informe “Estado de los Recursos y del Ambiente 2011-2012” de la Contraloría General de la República sugiere que en la producción y exportaciones de oro existe una posible evasión en el pago de regalías y exportaciones ficticias. El estudio muestra que en el periodo 2003-2011 las exportaciones sobrepasan los volúmenes de producción reportados. Esto quiere decir que estaría saliendo más oro para exportar del que se ha producido.
Dentro de dicho informe se hace una distinción entre el oro en bruto sin alear o aleado y el oro semilabrado. En los datos reportados por la DIAN, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Minas y Energía existen divergencias. En el periodo 2005-2011, “la DIAN reporta un total de 299,89 toneladas exportadas en estos siete años, mientras que el Ministerio de Comercio registra 289,90 toneladas y el Ministerio de Minas 298,61 toneladas”.
Así mismo, el informe destaca que “las exportaciones registradas entre 2003 y 2011 que exceden los volúmenes producidos representan entre el 6 y el 16 por ciento de la producción total registrada. A su vez, las regalías dejadas de percibir estarían entre el 9 y el 16 por ciento de las efectivamente captadas; se obtienen regalías no percibidas, a pesos constantes del 2011, por un valor total entre 58 mil y más de 107 mil millones de pesos”.
El informe destaca que divergencias de esta magnitud en los sistemas de información oficial, en un rubro tan sensible como son las exportaciones de oro, son indicativas de ausencia de transparencia en el registro de estas operaciones por parte de las distintas entidades nacionales encargadas de este asunto.
La minería artesanal, que no genera un impacto mayor al medio ambiente, aún es el sustento de muchos
campesinos colombianos. / Foto: Pachamamaradio.org
campesinos colombianos. / Foto: Pachamamaradio.org
Sin títulos mineros, pero con regalías
La Contraloría le informó a Catorce6 que esta ha venido denunciando la liquidación fraudulenta de regalías por oro en el Alto Baudó (Chocó). Según la entidad, se estaría efectuando un presunto lavado de activos por más de 13 mil millones de pesos a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras.
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana señaló que el municipio de Alto Baudó no tiene vocación minera, por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro.
El informe de la Contraloría señaló que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías. El contralor delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, indicó que faltan controles e instrumentos de verificación de la información reportada por las empresas y anunció la apertura a una indagación preliminar. La Contraloría señaló en dicho informe que haría seguimiento a la DIAN, Supersociedades, Ingeominas y la Dirección Nacional de Estupefacientes por estas irregularidades.
Así mismo, la Contraloría ha señalado anteriormente al Alto Baudó como uno de los lugares con gran afectación por la minería ilegal, y también llama la atención sobre los recursos que han dejado de percibir por concepto de regalías los municipios de Zaragoza en el Valle del Cauca; El Bagre Tarazá y Jardín en Antioquia; Santander de Quilichao, Caloto y Timbiquí en Cauca; Tumaco en Nariño, y Ataco en Tolima.
En el estudio sobre minería de la Contraloría General de la República del año 2013 se estima que en Colombia habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5,6 millones de hectáreas a finales de diciembre de 2012, de los cuales 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 1,8 por ciento del territorio nacional.
Para el economista Guillermo Rudas, sí existe una divergencia en los datos reportados por la DIAN, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Comercio. “Una opción es que haya error de registro de información, que haya un problema en el manejo de regalías o que haya un oro que no está pagando regalías y que por algún mecanismo extraño que no ha sido aclarado la DIAN permite que se exporte ese oro sin verificar que tenga el certificado de pago de regalías. La otra posibilidad es que sea un lavado de activos y que haya un nivel de corrupción en las
exportaciones”.
El mismo investigador destaca que hay dos opciones, una que no están pagando regalías, lo cual es un crimen y un atentado al patrimonio
del Estado, o no hay oro y se están haciendo exportaciones ficticias, lo cual es una actividad también criminal. Es decir, se hace la exportación ficticia, pero no está el mineral y entra el dinero por pago de la exportación, lo que se constituye en un lavado de dinero”.
“Puede pasar que estén dando las certificaciones y no aparezca la plata registrada en la distribución de regalías, podría suceder que alguien
estuviera eludiendo el registro haciendo peculado de apropiación de recursos. Eso ha debido ser investigado”, advierte Rudas.
Foto: Las minerasdesuarez.com
¿Qué hacer?
El documento “Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista” indica que los residuos generados por proyectos de megaminería a cielo abierto serían de 4.300 millones de toneladas de escombros en un periodo estimado de treinta años, además de la liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente. También se menciona que para procesar una tonelada de oro se necesita aproximadamente un metro cúbico de agua por segundo en uno de los yacimientos estudiados.
Jaime Arias, investigador en minería y medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia, asegura que uno de los principales problemas ambientales de la minería de oro en Colombia está relacionado con el mal manejo del mercurio, pues su liberación a las corrientes hídricas lo transforma en metilmercurio, un potente neurotóxico que llega hasta las personas al consumir peces contaminados y se va acumulando en el organismo. Más allá de un asunto minero, es un tema de salud pública.
Destaca que la minería ilegal, y específicamente la de oro aluvial (el que se extrae de los ríos de manera artesanal), está muy asociada a las formas de subsistencia de comunidades rurales, como la manera de ganar un sustento diario, pero no existe una preparación técnica ni un acompañamiento por parte del Estado. Por eso no hay, por ejemplo, reutilización del mercurio a través de procesos físicos como la evaporación en retortas. Y es que hoy existen técnicas que permiten el uso seguro del mercurio, e incluso métodos gravimétricos sin mercurio.
Dentro del actual fenómeno de la minería de aluvión en Colombia, destaca que existen dos esquemas: los barequeros tradicionales, con una alta capacidad selectiva del yacimiento que no impacta tanto el medio ambiente, y la remoción de masa con equipos mecanizados, en el que no existe un sistema de recuperación de las áreas afectadas ni de piscinas de sedimentación. “La minería en Colombia tiene poca conciencia del medio ambiente y de los impactos por la extracción del oro”, puntualiza.
Según el investigador, una alternativa para superar la informalidad sería elevar la calidad de vida en las zonas mineras, además de un estricto control a los actores ilegales, a la corrupción y un control territorial por parte del Estado. Para el economista Guillermo Rudas, es necesario reconocer la debilidad institucional ambiental en Colombia. Los órganos de control deben investigar las posibles exportaciones ficticias y el lavado de activos. “El problema es el silencio de las instituciones encargadas del seguimiento y control. El Ministerio de Minas tiene una gran responsabilidad al respecto”.
Catorce6 quiso conocer la postura de la Agencia Nacional Minera y de la DIAN sobre este tema, pero no fue posible obtener respuesta al respecto.
