La ley 2320 de 2023 modifica el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 para la protección de áreas estratégicas para la conservación de cuencas abastecedoras de acueductos.

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El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 establecía que los departamentos, distritos y municipios debían asignar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos para la adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos.

En los primeros 15 años de esta ley, según un estudio realizado por la World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y Patrimonio Natural, solo se había invertido el 23.7% de los recursos mínimos obligatorios. De siete departamentos que registraron información, todos reportaron inversiones inferiores al 0.10% de los ingresos totales.

Actualmente han pasado 30 años desde la implementación de la Ley 99, y según el Estudio Nacional del Agua (ENA), casi la quinta parte de los municipios en Colombia son susceptibles de sufrir desabastecimiento de agua. Por ello, se vuelve necesaria la implementación de la Ley 2320 de 2023, que exige a los municipios, distritos y departamentos incorporar los recursos destinados a la adquisición o mantenimiento de estas áreas en sus planes de desarrollo y presupuestos anuales. Esto asegura que la inversión en la protección de los recursos hídricos sea una prioridad en la planificación gubernamental.

Esta ley también establece que esta financiación, de al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación, debe estar enfocada en proyectos como Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), adaptación al cambio climático, y restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (PSA). Esto puede llevarse a cabo mediante la cofinanciación contemplada en el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

Para garantizar una gestión efectiva, se crea el Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) con el propósito de catalogar las áreas prioritarias a ser adquiridas o intervenidas con estos recursos. Este registro actúa como una herramienta esencial para la planificación y coordinación de proyectos que buscan la conservación del agua.

La protección del agua no se limita a la adquisición de áreas estratégicas, sino que se extiende a la construcción y operación de distritos de riego. Anteriormente, estos proyectos debían destinar al menos el 3% del valor de la obra a la adquisición; ahora, según la Ley 2320 de 2023, estos proyectos también deben destinar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la conservación de las áreas surtidoras del recurso hídrico. Esta medida asegura que el desarrollo y la conservación vayan de la mano.

Para garantizar la efectiva implementación de la ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diseñará e implementará un programa de fortalecimiento de capacidades. Este programa se dirige a las entidades territoriales y autoridades ambientales, equipándolas con los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con los objetivos de la ley.

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