Después de realizar una revisión a la licencia de construcción de un puerto multipropósito en la Isla de Barú, la Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata del proyecto, porque la comunidad afrodescendiente que habita el sector argumentó que no se le hizo la consulta previa para ejecutar la obra. Según el alto tribunal, a la comunidad se le vulneró su derecho al debido proceso, a la participación, la identidad cultural, la autonomía, la existencia y la integridad cultural y social. Además, dice la Corte, la construcción ha generado “afectación de la diversidad biológica, la migración de aves por tala de árboles y el relleno de áreas donde históricamente se han realizado labores de pesca artesanal”. La Corte Constitucional dio plazo hasta el 17 de junio para llevar a cabo la consulta y poder autorizar la continuidad de la obra.