Según investigación de la Universidad Nacional, los habitantes quieren evitar que se replique el mismo modelo de turismo de San Andrés, al que consideran insostenible y generador de una gran crisis ambiental.
Foto: Agencia de Noticias UNAL
Según lo advierte Andrés Felipe Peña, magíster en Biociencias y Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó el estudio, los isleños consideran que no se justifica la ampliación del aeropuerto ya que Providencia no está en capacidad de recibir más gente.
La población raizal que se opone a este proyecto quiere evitar a toda costa caer en el modelo de turismo adoptado por San Andrés, donde aumentó la población residente y flotante, aspecto que configuró la crisis ambiental y social que vive hoy la Isla.
El investigador entrevistó a varios actores sociales y a docentes investigadores de la UNAL Sede Caribe y analizó las intervenciones jurídicas y administrativas plasmadas en decisiones judiciales y actos administrativos que tuvieron un rol en la implementación y suspensión del proyecto de ampliación.
Aunque el turismo se ha configurado como eje dinámico del crecimiento económico de la Isla, la población local no ha sido incluida en la distribución de los beneficios de megaproyectos turísticos, pese a que algunos amenazan la integridad cultural-ambiental raizal, señala el magíster.
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También recordó que desde los años noventa, cuando se pretendía construir el Hotel Centro Internacional de Buceo y el complejo Caribbean Mount Sinai sobre manglares y áreas de especial importancia cultural y ecológica para los raizales, los pobladores han insistido en oponerse a la construcción de obras de infraestructura en el sector, debido a que se evidenciaron violaciones a las garantías de participación para ellos, además de daños a los recursos naturales.
Incertidumbre ambiental
El proyecto de ampliación del Aeropuerto se plantea desde la necesidad de facilitar la conexión aérea con el continente, para aumentar el número de viajes y de turistas, pasando de 19 a 66 pasajeros, y alargar la pista en 300 m, que daría la posibilidad de conectarse directamente con Bogotá, Cartagena, Panamá, Costa Rica, San Andrés y Miami.
La incertidumbre que generó el proyecto dividió a la comunidad: mientras los que fomentaban el proyecto consideraban que este mejoraría la competitividad del destino turístico, garantizando la conectividad, el aumento del tráfico aéreo y la seguridad de operación, para otros la ampliación afectaría el manglar McBean y con ello amenazaría la seguridad alimentaria del pueblo raizal. Además, pondría en jaque el desarrollo sostenible de Providencia y Santa Catalina.
“Los pobladores temen que sus fuentes de agua dulce sean contaminadas, además de que habría un desarrollo urbano desordenado, exclusión y desterritorialización de los raizales y agudización del deterioro ambiental, derivado de la deficiente prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras”, comenta el investigador.
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Los sectores que se oponen a la construcción también denunciaron que en la implementación de la ampliación no se brindaron espacios para que ellos participaran, y que la intervención de los raizales en la consulta previa fue mínima y no recibieron información clara que les permitiera evaluar ciertamente los impactos de la megaobra.
Ante las acciones populares, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés decidió suspender el Proyecto de Ampliación hasta que no se desarrolle un estudio de capacidad de carga que permita justificar una obra de tal magnitud. Además, la Unidad de Parques Nacionales Naturales (PNN) constató la afectación al manglar McBean y realizó una interpretación de los límites del proyecto para dejar constancia de que se habían afectado áreas del PNN McBean Lagoon.
Comenta el investigador que la decisión de dicho Tribunal no implica la imposibilidad de ampliar el Aeropuerto El Embrujo, por lo que el conflicto sigue latente entre quienes aprueban y desaprueban el proyecto.
