Es posible parar y revertir la urbanización de la ciénaga de la Virgen y Juan Polo, en la zona norte de Cartagena, con la acción popular admitida por el Tribunal de Bolívar?

No queda otra opción. Debemos exigir un compromiso y acciones. Que se ejerza autoridad en los asentamientos de Marlinda y Villagloria, y se frene el desastre ecológico e institucional, desactivando el riesgo que causan a la ciénaga y, con su presencia, a sí mismos.

Si el caos, la ilegalidad y el delito andan sueltos de madrina, el interés colectivo obliga a enfrentarlos. Para hacerlo, el juez debe declarar la evidencia de los daños y qué los causa, que además de la invasión, es la desprotección de la zona de bajamar.

Si soberanía es integridad del territorio, es justo entonces que se exija al Presidente de la República hacer cumplir el deber de las Fuerzas Armadas. Estas tienen que proteger el patrimonio ecológico de la Nación: los manglares y aguas de las ciénagas, proveedores de seguridad alimentaria y climática.

Independiente de la causa, los que agreden el patrimonio ecológico violan el orden público, y lo hacen porque el Estado no cumple la Ley 99 de 1993 (Art. 103). Por eso, pedimos que se ordene al Presidente crear una unidad militar especializada y que elabore estrategias integradoras para restablecer la ley y la sensatez ecológica.

Para reparar los daños en el patrimonio, antes que la lluvia o el mar desaten la tragedia, el Presidente debe decretar la emergencia u otra medida de choque y reubicar en condiciones dignas a quienes viven allí.

Según el Departamento Nacional de Planeación, 320 familias –equivalentes a 1.059 personas– en Marlinda están en peligro; y en Villagloria están en riesgo 115 viviendas y 445 personas. Entre las dos poblaciones hay un total aproximado de 725 viviendas y 1.504 personas. Desde la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial –POT–

(Decreto 0977 de 2001) el Distrito “planea la reubicación”.

El relleno hizo metástasis por doquier, por eso el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía, reubicados los ocupantes, tienen que reconstruir el ecosistema, y lograr que la ley gobierne y el intercambio mar-ciénaga fluya sin riegos.

Para lograr este propósito, la Presidencia y la Fiscalía deben ordenar hacer inteligencia e identificar y detener el “cartel del relleno”, desactivando la red de complicidades. Cero impunidad y cero tolerancia al delito con “escrituras de posesión”, sabaleras y construcciones ilegales.

Erradicar el crimen ecológico y la continuidad del delito socializado con el abuso del “debido proceso”, vencer el “estado eunuco”, implica que el compromiso de Esta-do sea el defender la soberanía. Para lograrlo se pide que el Presidente convoque una cumbre con las cortes, entes de control, militares, Dimar, Fiscalía, Minambiente, Incoder y entes ambientales, además de alcaldes y gobernadores, entre otros.

La Fiscalía debe garantizar que el CTI y los fiscales desarticulen los conciertos para delinquir, y valorar que la flagrancia es la presencia del invasor en el bien imprescriptible. Deberá aportar un plan de acción que reprima la acción delictiva. Igualmente, el alcalde tiene que coordinar en todo el territorio la acción de los entes, a través de un ecobloque, con competencia y obligaciones ambientales, liderando con su policía ambiental las labores de control y prevención.

Todas las personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales pueden consultar en la web la acción popular y coadyuvarla.