Con el fin de proteger los intereses de las comunidades afro asentadas en Playa Blanca, en la isla de Barú, la Corte Constitucional falló en septiembre pasado una acción de tutela según la cual el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Cartagena deben reconocer a la Asociación de Trabajadores de Turismo de Playa Blanca (Asotuplab) como comunidad afrodescendiente y darle el estatus de Consejo Comunitario.
Sin embargo, desde el mismo momento del fallo, el magistrado Alberto Rojas Ríos, en su salvamento de voto, aseguró que Asotuplab no es realmente una comunidad étnicamente diferenciada, sino una agremiación de “comerciantes del sector de Playa Blanca, creada para coordinar actividades económicas y exigir garantías laborales”. También aseguró que la representante legal de la Asociación, María del Carmen García García, no es colombiana, sino que se identifica con pasaporte español.
Ante estas consideraciones, este miércoles la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, Fonade y la Dimar presentaron una solicitud ante la Corte Constitucional, pidiéndole que declare la nulidad del fallo, pues, según la Andje, “viola las normas del debido proceso, desconoce los precedentes sobre reconocimiento de comunidades étnicas y constituye un grave antecedente que podría abrir la puerta para la privatización de las playas en Colombia”.
