La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables por supuestas fallas generadas en la planeación del proyecto.
Foto: Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por cuatro billones sesenta y cinco mil seiscientos ochenta mil millones de pesos ($4.075.680.000.000), contra 34 presuntos responsables por los daños generados a causa de la supuesta mala planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.
Entre los presuntos responsables están miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 Gobernadores de Antioquia y varios contratistas.
Entre la lista se encuentran: Anibal Gaviria, exalcalde de Medellín; Fabio Salazar, exalcalde de Medellín; María Eugenia Ramos, secretaria general de la sociedad Hidroituango; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Luis Alfredo Ramos; exgobernador de Antioquia; Federico Restrepo, representante legal de EPM; Juan Esteban Calle, representante legal de EPM; Jorge Londoño de la Cuesta, representante legal de EPM, entre otras personas.
Según la Contraloría el detrimento patrimonial fue de dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000), a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto y un billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
Así mismo, el ente de control considera que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables.
Esas mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida por $2.971.400.000.000.
Como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica se generó un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo por 1.104.280.000.000.
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