Omisiones a la Constitución permitieron asentamientos humanos que han implicado riesgos para las microcuencas y para las cuencas abastecedoras de agua del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Pocas veces han coincidido en una movilización social grupos tan diferentes como ambientalistas, empresarios,comerciantes, académicos y hasta un exdirector del Ideam, como viene sucediendo con la defensa del páramo de Santurbán. Y es que los páramos se han vuelto cada vez más sagrados, pues mientras el 70 por ciento de los principales centros poblados de Colombia los ven como fábricas del aguabque consumen, grandes empresas extranjeras se han fijado en la gran fuente de minerales como oro, plata, zinc y carbón que en varios casos se esconde en su subsuelo. Así pasa en el páramo de Santurbán, donde se adjudicaron 29 títulos mineros en 37 mil hectáreas durante el 2014.
Por eso, comunidades de Santander y Norte de Santander se oponen a estos proyectos, como ocurrió en abril pasado cuando la factura de cobro del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) llegó a cada hogar convocando a los usuarios a movilizarse en contra de la delimitación de Santurbán, el primer complejo de páramo del país que ha sido cercado.
“SOS por Santurbán. La delimitación entrega el páramo y el agua a las mineras. Gran marcha por la defensa del agua y el páramo de Santurbán”, citaba el mensaje inserto en la factura que llegó a los usuarios del Área Metropolitana de Bucaramanga con el aval de sus directivos. Alrededor de 20.000 personas salieron a las calles en esa gran marcha del pasado 24 de abril. Fenalco Santander convirtió un debate regional en nacional y entidades como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, la Fundación Participar, la Universidad Santo Tomás y el Colegio San Pedro Claver también se opusieron al proyecto Angostura.
¿Una delimitación exprés?
Según el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 (la última fue hecha hace 3 años a escala 1:100.000) con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Esta demarcación por escala se explica en que a menor número, mayor es su detalle y por ende el nivel de especificidad en su estudio.
Así, la medida más precisa la estrenó Santurbán, que durante el último trimestre de 2014 fue presentado como el complejo modelo por el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, que cerró un proceso heredado de sus predecesores. La cartografía fue encargada al Instituto Humboldt. Como resultado, de las 130 mil hectáreas totales del complejo, 30 mil quedaron en franja amarilla y roja dispuestas para la restauración (ver mapa).
Vallejo dijo que esta acción no autoriza la minería en páramos, sino que por el contrario estarán a salvo, y que a pesar de que se extenderán los proyectos mineros autorizados antes del 2010, las corporaciones autónomas regionales (CAR) tienen la facultad de suspender una licencia cuando no se cumpla con los requisitos ambientales.
“Invito a las personas que marchan en las ciudades manifestando que se deben proteger los páramos, a que suban y conozcan la realidad. Habitan campesinos que han hecho minería desde siempre y que hoy los críticos quieren que saquemos de un día para otro. Eso no podrá ocurrir sin que les hagamos acompañamiento y sin que les ofrezcamos alternativas”, dijo el jefe de la cartera.
Según datos de la Agencia Nacional Minera, en el país están registrados 9.594 títulos mineros. Al 6 de marzo de 2015, 448 de estos se encuentran superpuestos en 26 zonas de páramo.
De tal cantidad, al menos 347 cuentan con licencia ambiental sobre un área total de concesiones de 118.461 hectáreas, una contravención a los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, que delega responsabilidades claras al Estado para proteger las riquezas naturales de la Nación y esta es una de ellas.
En 2010, el Gobierno tramitó el proyecto Angostura cuando contemplaba la explotación a cielo abierto en Santurbán por parte de la Greystar, hoy Eco Oro, omitiendo el hecho de que se trataba de un páramo. No obstante, la movilización social y el debate nacional que provocó esta solicitud dilató el tema y la empresa terminó renunciando a sus intenciones.
“Greystar finalmente desistió y el Gobierno, ‘muy digno’ — pues se daba por descontado que otorgaría la licencia a la minera—, negó la solicitud de desistimiento, así como la licencia ambiental en 2011. Y sin embargo la empresa anunció poco después que intentaría la explotación de manera subterránea, bajo el nombre de Eco Oro, con el silencio cómplice del Gobierno”, denuncia Erwing Rodríguez-Salah, exdirector de Fenalco Santander.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante concepto técnico 503 de 2012, en su informe a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), como respuesta a la denuncia de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, contradice al Gobierno, pues muestra que los páramos sí están delimitados. Este concepto identifica, basado en la Resolución 937 de 2011, qué empresas hacen exploración en páramo y piso altoandino.
Por su parte, la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, ha dicho que “ante las presiones por parte del sector privado por las millonarias inversiones de exploración minera en zonas de páramo, es fundamental delimitar y definir un ecosistema como páramo”. Rodríguez-Salah recuerda que la directora del Humboldt le dijo a Semana en 2013: “Colombia sí sabe los límites de sus páramos. Sin embargo, la anterior ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, pretendió vender a sus coterráneos la delimitación como un sublime triunfo, siendo esto una victoria pírrica o un engaño. El gobierno siguió con su propósito de ‘redelimitar’ el territorio”.
La segunda vuelta
El segundo y más decisivo capítulo después de la delimitación de diciembre se dio hacia la medianoche del miércoles 6 de mayo de 2015, durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Senado. Allí se constituyó una comisión de conciliación liderada por los ministros de Minas y de Hacienda, que decretó la legalización de la explotación minera y petrolera dentro de los páramos para las licencias anteriores a febrero de 2010 y junio de 2011. Quienes celebraron el velorio del artículo madrugaron a enterarse de su resurrección.
Para Ricardo Lozano, exdirector del Ideam, “el PND 2010- 2014 fue claro en señalar que debía prohibirse la minería y actividades agropecuarias en páramos. Sin embargo, la escala que había (100.000) era muy poco detallada y fue entonces cuando la misma ley dijo que debía ser a escala 25.000, un paso maratónico en estos tres años para todos los páramos de Colombia. Incluir el componente social y económico significaba tener que sentarse con mineros, Mininterior, Minvivienda y agricultores a mirar lo que se debía sacar de páramos. Se trata de una tarea titánica que hoy no se conoce”, explica.
Lozano dice: “Una cosa es el mapa ecosistémico que entrega el Instituto y otra el mapa entregado por el Ministerio de Ambiente, que yo lo llamaría más un mapa de áreas compatibles con actividad minera o económica en zonas de páramo y por eso el inconformismo de la gente en Bucaramanga”.
Para Gilberto Álvarez, gerente de Santurbán, la delimitación “quedó bien hecha. Si fuera por el Humboldt, todo eso era verde, pero queda una franja de 30 mil hectáreas para trabajarlas y no les estamos quitando nada sino que buscamos que acepten. A ellos (mineros) les quedó espacio para trabajar, pero no en esa proporción que estaban antes. Ahora deben salir de la zona de confort, pero son muy reacios al cambio”.
Aunque el funcionario no precisa información económica y social, que en el papel debe darse bajo los demás parámetros de una delimitación contemporánea, sí tiene claro que a las 10 mil familias dedicadas a la minería en el páramo santandereano se les debe ofrecer alternativas productivas tales como criaderos de truchas, agencias de turismo en la zona y beneficiaderos, el “as bajo la manga” del Ministerio que a la fecha ha recaudado 6 mil millones de pesos para estos fines.
“Hasta ahora no sabemos exactamente cuántas familias viven en esta región ni a qué se dedican. Estamos buscando recursos internacionales de firmas españolas interesadas en proyectos y vamos a atender a unos alemanes para el manejo social. Mientras tanto seguimos yendo de predio en predio”, concluye.
