En el día de ayer y después de dos jornadas de reuniones extensas, se firmó en Guadalajara – México un Plan de Acción hasta 2014 para avanzar hacia la firma de un convenio regional u otro instrumento que permita la implementación completa de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales para el desarrollo sostenible en la región.
El acuerdo fue conciliado por 14 países de Latinoamérica pertenecientes a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de los cuales se destacó el aporte de Ecuador, Brasil, Chile, México y Perú.
Este plan es un esfuerzo por alcanzar los objetivos que se plantearon en el Principio 10, de la Declaración firmada en la reunión de Río en 1992, en el cual se habla de la importancia de que los ciudadanos accedan libremente a la información ambiental con que cuenta su gobierno local y a que participen en diálogos al respecto.
Actualmente Colombia y Costa Rica, son los únicos países de la región que no cuentan con leyes específicas que garanticen el acceso de la ciudadanía a la información ambiental, mientras que otras 14 naciones si las tienen y 8 están en proceso de aprobación.
Esto quiere decir que nuestro país está bastante atrasado en este tema si se toman como referencia las políticas de Chile o Brasil, donde la ley tiene absoluto control sobre el papel de los ministerios y órganos legislativos encargados del tema. Incluso se estipulan plazos máximos de entrega de informes y en Chile se creó un Órgano de Trasparencia, dedicado exclusivamente a la socialización de procesos administrativos.
Además, solo dos países de la región (México y Chile) cuentan con Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes –RETC- el cual se caracteriza por ser una herramienta digital, abierta al público y con datos desagregados y estandarizados sobre la naturaleza y cantidad de las emisiones. Este registro es importante para la aplicación efectiva del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, debido a su poder como fuente generadora de información sistematizada, tanto de entes públicos como privados.
Colombia solo fue destacada por el compromiso que tiene de publicar informes anuales sobre el estado del medio ambiente. Derecho que se encuentra plasmado en la constitución y que fue resaltado por las Naciones Unidas el año pasado.
El informe oficial de la reunión señala que a pesar de los avances presentados en los últimos 20 años, siguen existiendo limitantes en los países para garantizar el acceso a la información. Once de los 16 gobiernos sitúan la escasez de recursos financieros como un problema, siete marcaron también la falta de instancias de capacitación sobre el tema y la mayoría coincidieron en la debilidad de los marcos institucionales.
En Guadalajara, la CEPAL presentó además el documento de trabajo Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas para aportar al debate de los delegados.
