La Contraloría General de La Nación, llamó la atención el pasado lunes 1 de abril al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales (ANLA) por cuatros proyectos activos que se estarían ejecutando actualmente en el país sin licencia ambiental, y que estarían llevando a un daño fiscal contra la nación.

Según la función de advertencia dirigida al ministro Juan Gabriel Uribe y la directora de la ANLA Luz Helena Sarmiento, los cuatro proyectos son:

-          La construcción, la operación y la puesta en marcha del proyecto de puerto Alcatraz, ubicado en Ciénaga, Magdalena, operado por la firma minera Drummond, que vuelve a ser protagonista de las investigaciones de la Contraloría.

-          Los cruces subfluviales alternos de los ríos Lebrija, Carare y Opón, ubicados en jurisdicción del departamento de Santander. Estas actividades se realizan dentro del proyecto Hidrosogamoso, liderado por Isagén.

-          La construcción de la subestación San Marcos, ubicada en Yumbo (Valle). Esta obra fue entregada a la Sociedad Interconexión Eléctrica-ISA.

-          Por último, la rehabilitación de la carretera Quibdó -Santa Cecilia, en los departamentos de Chocó y Risaralda. Proyecto a cargo del Instituto Nacional de Vías.

El ente de control, aseguró que las irregularidades fueron encontradas en un proceso de fiscalización a la ANLA, en las cuales se concluyó que la falta de licencia ambiental se debe a que las obras están sujetas al decreto 883 de 1997, cuando el mismo fue anulado por el Consejo de Estado a través de la sentencia del 20 de agosto de 1998.

Esta actuación ha significado que se deje de invertir el 1% que debe destinarse para la recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas que alimentan la respectiva fuente hídrica. Además se ha generado un daño patrimonial porque estas empresas no han hecho una debida compensación de los impactos que han ocasionado los proyectos a los recursos naturales renovables y a las comunidades que habitan cerca a los mismos.

En conclusión estos dos organismos ambientales, tienen responsabilidad, según la Contraloría “por no haberse tramitado o exigido oportunamente las respectivas licencias ambientales en el momento del decaimiento del decreto 883 de 1997, teniendo en cuenta que las actividades aún no se habían iniciado y, en consecuencia, no se habían consolidado los derechos de los titulares de estos proyectos”.

Ahora se iniciarán procesos administrativos sancionatorios y se establecerán las medidas a tomar en contra de estas obras por “ocasionar daños ambientales a los recursos naturales renovables y al medio ambiente”.