Habría que ser biólogo, ingeniero ambiental, forestal, químico, médico y biólogo marino para formarse una opinión sólida sobre las afectaciones ambientales con impactos en el ser humano y los recursos naturales. También habría que ser abogado para determinar sobre violaciones a las normas ambientales; pero también sería necesario conocer sobre cómo se afecta el patrimonio natural y quiénes lo han hecho para que los juicios de valor sean justos. Como no es posible reunir todos esos conocimientos en una sola persona, el rigor tiene que ser el elemento fundamental en las actuaciones de directivos y funcionarios de las autoridades ambientales, los ministerios, los entes de control, los líderes ambientalistas y de los medios de comunicación. Es evidente que se aprovechan de la alta complejidad de los problemas ambientales para desplegar un ánimo manipulador quienes desde diversos orígenes tienen una agenda con fines políticos o económicos.
La responsabilidad sobre el ambiente y los recursos naturales es individual, en cabeza de las empresas, las entidades públicas y los ciudadanos, incluidas las comunidades pobres. Es entre estos y los grupos criminales que están quienes afectan nuestro patrimonio natural. En actos de puro populismo estamos viendo juicios selectivos sobre daños ambientales con temas ‘vendedores’ para la prensa, que no profundizan en la complejidad de las problemáticas. Las condenas ligeras con resonancia mediática están deformando la opinión ambiental. Son, de todos los orígenes, los responsables de los daños ambientales. Casos del Estado que no se nos pueden olvidar, como Ecopetrol con el diesel que vendió muchos años en flagrante violación de las normas vigentes en materia de calidad de aire. De igual manera innumerables municipios, incluido el Distrito Capital, que violan la norma de vertimientos con sus alcantarillados que llegan a las fuentes de agua sin tratamiento, haciendo de Colombia un país de ríos contaminados. Así mismo, son innumerables las comunidades pobres que sin permisos tumban árboles para cocinar y vender madera, y que botan basuras a los ríos. Son múltiples las empresas grandes, medianas y pequeñas que violan las normas vigentes en materia ambiental. Por otro lado están los grupos criminales, que se escudan bajo comunidades pobres para hacer minería ilegal y tráfico de especies. Bajo este delicado panorama llegó el nefasto populismo ambiental. Los únicos que pueden ejercer la autoridad frente a los daños ambientales son las instituciones públicas, es decir, las autoridades ambientales y los entes de control, que son quienes pueden darle estatura intelectual a la discusión, si bien no deben dejarse tentar por sus aspiraciones políticas y la discusión ideológica, desconociendo la gran capacidad técnica existente en el país, inaccesible para el ciudadano común. Es la oportunidad de abrirle más espacios a la academia, invitarla a participar y escucharla; así se contribuye con la formación de opinión en materia ambiental. La discusión sustentada en criterios objetivos construye nación, asegura la sostenibilidad, aporta a la paz y nos aleja del populismo ambiental, incluso el de Timochenko.
