Texto: Carolina Tamayo Hernández

El fallo de la Corte Internacional de Justicia desató un efecto negativo en la oferta piscícola colombiana, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sus cayos y mar territorial. La sostenibilidad de la pesca está en riesgo.

La nueva delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua deja varias incertidumbres en materia ambiental, con impactos en los componentes económico y social, además de los nuevos retos que los isleños enfrentan.

La decisión sobre un área que había sido declarada por la Unesco como Reserva Mundial de Biosfera Seaflower desconoció aspectos naturales valiosos para el medio ambiente y ha sometido a graves perjuicios a los pescadores artesanales e industriales, afectando también la economía del departamento.

Este fallo desfavorable para Colombia —que le reconoció al Gobierno nicaragüense más de 75 mil kilómetros en el mar Caribe y ratificó la soberanía colombiana de siete cayos que rodean el archipiélago, dos de los cuales quedaron enclavados en las nuevas aguas del país centroamericano— ha suscitado gran indignación, sobre todo entre los cerca de 75.000 habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Implicaciones medioambientales

Según Israel Jackson, exdirector regional del antiguo Inderena (Instituto Nacional de Recursos Naturales), el archipiélago ha sido despojado de un área ambiental de vital importancia. El perjuicio y la afectación serán inconmensurables tanto para la ecología como para la economía de la Nación y la población de estas islas.

“Con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia ha perdido una inmensa cantidad de biodiversidad y riqueza hidrobiológica que contribuiría grandemente a su sostenibilidad económica, además de reducirse en un 54 por ciento la jurisdicción del área de la declarada Reserva de Biosfera Seaflower, el área marina protegida (AMP)”, afirma Jackson en su columna para el diario El Isleño.

Heins Clayton Bent, ingeniero especializado en el área de pesca de la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, asegura que aunque no se han realizado estudios estrictamente ambientales en la zona, existe un informe de las afectaciones del fallo, específicamente sobre el estado de la distribución y abundancia del recurso pesquero caracol pala en el banco de Serrana, uno de los cayos que quedó enclavado, según la sentencia.

Según expertos de la zona, alrededor de 273 especies de peces —algunos de ellos de gran tamaño, entre los que se encuentran pargos, meros, barracudas y atunes—, además del caracol pala, langostas, camarones, formaciones coralinas, especies de tortugas marinas, cerca de 200 tipos de algas y microalgas, reservas de hidrocarburos (petróleo y gas natural), entre otros, son parte de los recursos naturales que están siendo afectados en este momento en el área marina, ya que son aprovechados sin las medidas que había adoptado Coralina.

En consecuencia, también están en peligro especies de invertebrados como moluscos (caracol pala, pulpos, calamares), crustáceos (jaiba, langosta espinosa), equinodermos (erizos, estrellas y pepinos de mar) y anémonas. Se han detectado 76 especies de aves migratorias, entre ellas fragatas, gaviotas, gaviotines y piqueros, y 18 residentes, incluyendodos endémicas.

El cambio de vida de los isleños

Silvia Mantilla, experta en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales e investigadora de la UN en el Caribe, señala que la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya afectará a un considerable grupo de sanandresanos tanto artesanales como industriales dedicados a la pesca, debido a que uno de los sectores con mayor riqueza pesquera ahora quedará bajo la jurisdicción de Nicaragua.

“La pesca representa el segundo sector económico de las islas después del turismo. El área que perdió Colombia, sobre todo en el sector norte, que limitaba con Honduras, era una gran fuente de ingresos por ser rica en productos pesqueros. Se prevé que habrá un fuerte impacto social y económico para muchas familias”, asegura la profesora Mantilla.

Sherman Puello, miembro de la Asociación Pesquera de Green Hill, estaba acostumbrado a pasar largas temporadas en el mar. Cada vez que se embarcaba sabía que demoraría aproximadamente dos meses en pisar de nuevo el suelo de San Andrés, donde ha vivido casi toda su vida. “Trabajábamos como se trabaja en los barcos durante 50 días y regresábamos a la isla con los pescados, los dejábamos y volvíamos a embarcar”, cuenta.

Por su parte, Fabián, otro pescador de la zona y nativo de San Andrés, sale de su casa a pescar con nylon, carnada y anzuelo y listo para subirse a su lancha pequeña de motor y comenzar su trabajo mar adentro.

Como ellos, la mayoría de los navegantes tiene esta rutina de lunes a viernes desde hace más de 20 años. Pescar, lavar, preparar y vender decenas de róbalo, pargo rojo, atún, sierra, entre otras especies. Ser pescador, según ellos, es un oficio que se pasa de generación en generación, pero que cambió para siempre cuando Colombia perdió una enorme porción de su mar.

Después de que la CIJ determinó que 75.000 kilómetros de las aguas de Colombia ahora le pertenecían a a Nicaragua, los pescadores colombianos se sienten amenazados. En Green Hill, la asociación que agrupa más de 150 pescadores de la isla, de donde salen y llegan a diario aproximadamente 25 botes, ahora se ven muchos de estos estancados sin poder salir por días.

Existe consternación entre las autoridades de la isla, debido a que de 28 embarcaciones de pesca industrial que hay en ese lugar, 16 han ido a Nicaragua a pedir permisos de pesca. La “denuncia” la hizo la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, quien señala que con esto, los beneficios económicos de esa actividad se quedarán en manos nicaragüenses.

“La situación de nosotros es precaria, ya que no se puede pescar de manera tranquila porque la plataforma de Nicaragua es más rica en recursos hídricos. Además, la Secretaría de Agricultura le ha dado un mal manejo al subsidio de los pescadores”, asegura Sherman Puello.

Golpe a la economía

Desde el 19 de noviembre de 2012, Colombia se ha dedicado a buscar alternativas jurídicas para reversar la sentencia que cambió la frontera marítima con Nicaragua y es considerada “inaplicable” por el Gobierno actual.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido objeto de explotación pesquera desde hace varios siglos, incluso antes de ser poblado de manera permanente. Luego, al ser declarado Puerto Libre en 1953, la pesca en el archipiélago se empezó a desarrollar a menor escala, dado que el interés se volcó hacia el comercio y el turismo.

En este sentido, la actividad de la pesca es uno de los sectores económicos mayor afectados. En el archipiélago su explotación se desarrolla a dos niveles: uno artesanal y otro industrial. La pesca artesanal es practicada por tradición en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por alrededor de 1.123 personas, de las cuales 812 están en San Andrés y 311 en Providencia, quienes realizan sus faenas en 212 embarcaciones, la mayoría descubiertas y propulsadas a gasolina por motores fuera de borda.

Ellos venden su producto a las asociaciones y cooperativas más representativas, y los pescadores más regulares, en su mayoría raizales, son beneficiarios del programa Sea Flower Keepers. La producción pesquera de este sector proviene de los calderos de pesca cercanos y en la plataforma submarina de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos de Este-Sureste (ESE y Bolívar), Sur-Suroeste (SSW o Alburquerque), Roncador, Serrana y Quitasueño.

Por otro lado, en la pesca industrial hay 16 empresas involucradas, de las cuales 14 están dedicadas a la extracción de recursos pesqueros y dos al procedimiento y la exportación. Por su parte, la flota activa está integrada por 25 embarcaciones, 16 dirigidas a la pesca langosta y 9 a la captura de peces. La flota langostera extranjera, que ocupa el 75 por ciento de la pesca, trabaja mediante contratos con empresas nacionales.

Según los registros de información pesquera departamental, entre 2004 y 2011, el total de pesca artesanal y pesquera del archipiélago se aproximó a las 500 toneladas de pescado al año y 150 toneladas de langosta al año. Sin embargo, la pesca de caracol ha sufrido un declive en la última década, debido a la fuerte explotación en los años 90. Durante los mismos años, esta pesquería estuvo cerrada por motivos de conservación, pero para el 2013 la cuota de explotación fue de 16 toneladas al año, solo para la pesca artesanal en el área de cayo Serrana.

Futuro incierto

“Ahora nos afecta a nosotros, pero los más afectados son nuestros hijos y nietos. ¿Qué pasará con ellos cuando se agoten las reservas pesqueras a las que tenemos acceso”, se cuestiona Bayardo Martínez López, de la Asociación Sealand. “Cada vez hay más pescadores reunidos en un mismo lugar. La decisión de La Haya cambió la historia de la pesca en San Andrés”, concluye.

Muchos pescadores aseguran que han debido enfrentarse a la agresividad de los pescadores nicaragüenses, lo cual les dificulta realizar las faenas porque les roban productos y en algunos casos les quitan sus barcos.

Debido a esto, algunas asociaciones han tenido que suspender operaciones paulatinamente, sumado a la pérdida del banco de peces. “Hoy en día se hacen pocas faenas en aguas de Nicaragua con el consentimiento de este país, pero sus embarcaciones sí están en nuestras aguas”, recalca Armando Basmagui, de la comercializadora Kings Crob.

El futuro de la pesca en San Andrés es incierto. A los problemas de los pescadores sobre la explotación de recursos se agregan factores como el incremento del precio del combustible y el desinterés del Gobierno nacional; la pérdida de conectividad con los cayos Serrana y Quitasueño; la pérdida de bancos de pesca en los alrededores de Bolívar, Providencia, Serrana y Quitasueño, que quedaron en aguas nicaragüenses, y el incremento de la población en el archipiélago, en especial por los rinconeros (pescadores oriundos de Rincón Sucre que son traídos para trabajar en embarcaciones industriales y en su mayoría se quedan en la isla de forma ilegal).