En 12 años, 19 veces se ha intentado reformar las 33 Corporaciones Autónomas Regionales, acusadas históricamente de corrupción e inoperancia frente al invierno. Hace curso en el Congreso el intento número 20. ¿Prosperará?

Reelección, extradición, reformas a la Fiscalía. En 23 años de vigencia de la Constitución de 1991, la Carta Magna ha sufrido 26 reformas, lo que hace pensar que en Colombia todo se puede reformar. Todo excepto las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En 12 años, según documentos oficiales del Congreso de la República, ha habido 19 intentos fallidos por acabarlas o, al menos, hacerles cambios estructurales. Álvaro Uribe, por ejemplo, lo prometió al asumir sumandato, y el presidente Santos hizo lo propio por decreto. Ambos intentos en vano.

¿Pero por qué deben ser reformadas? ¿O por qué no? ¿Y por qué no han podido serlo? Las respuestas pueden ser muchas y venir de muchos lados. “Deben ser reformadas, porque es evidente que se han convertido en un fortín político y burocrático”, sostiene el analista Alfredo Rangel.

Y la postre tiene razón. Veinte años después de la expedición de la ley que las creó —la Ley 99 de 1993, que también creó el Ministerio de Ambiente y los institutos de investigación—, hoy muchas de esas corporaciones tienen más recursos que los propios departamentos.

De hecho, en conjunto, manejan cerca de un billón de pesos al año, que en el grueso de los casos no repercute en el ambiente, según dice el exministro de Ambiente y hoy senador Juan Lozano.

El congresista cree que la disposición que les otorga una parte del cobro del impuesto predial las ha enriquecido excesivamente, lo que ha promovido la corrupción y les ha puesto en bandeja la posibilidad a los políticos de hacer clientelismo en las regiones. Él, frente a la cartera ambiental (2006-2009), también trató sin éxito de reformarlas.

“Hay una relación estrecha entre la estructura del poder político territorial y el manejo de las corporaciones, entonces cada vez que se va a presentar una reforma hay discrepancias políticas que, en la práctica, imposibilitan conseguir las mayorías para transformar el sistema”, dice.

Y es que casos de corrupción y de inoperancia en las CAR ha habido como en botica durante estos años.

En 2003, por ejemplo, la Procuraduría suspendió de un solo tajo a nueve de los 33 directores de CAR, entre ellos Raúl Tarud, director de la Corporación del Atlántico y cuñado del congresista Efraín Cepeda. Rubén Darío Barco, director de Corpocaldas, y hermano del excongresista Víctor Renán Barco también aparecía en la lista.

El caso más reciente es de mayo. El exdirector de la Corporación Autónoma Regional, Rafael Antonio Pérez Jubiz, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, en un convenio entre la corporación que dirigía y la Asociación Seguridad Ecológica, cuyo objeto era el establecimiento de vallas ambientales informativas en los 22 municipios del Atlántico.

A eso habría que sumarle el tema invernal. La tragedia de 2010 y    2011, la peor por cuenta del invierno que haya tenido el país, dejó más de 300 personas muertas, dos millones damnificadas y revivió la vieja idea de organizar cada autoridad ambiental por cuenca hidrográfica y no por regiones, como ocurre actualmente.

¿Qué debería cambiar?

A finales de 2012, el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, anunció que se presentaría al Congreso, en marzo de este año un nuevo proyecto de ley para reformar las CAR. El intento número 20.

Ya pasó marzo y aunque eso no ocurrió, según el gobierno porque se está esperando que el texto pase por la consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, el debate de lo que se debería cambiar sí esta vigente y se centra especialmente en dos puntos: autonomía y recursos.

En 2011, el entonces ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, advirtió que el proyecto de reforma contemplaría una recomposición de las juntas directivas, así como una modificación en el origen de su designación.

Además de eso, una de las intenciones del proyecto sería que el trabajo de las corporaciones se pudiera articular con el resto del Sistema Nacional Ambiental. “Se busca una mayor participación del gobierno central y que el Ministro de Ambiente en la práctica ocupe el cargo que le corresponde en las Corporaciones con su asistencia”, dijo el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe.

Este aspecto es uno de los que más generan polémica en distintossectores del país. Ramón Leal, director de Asocars, dice que esta es una contradicción del gobierno, porque se supone que las corporaciones, como entes autónomos, son las encargadas de hacer ese contrapeso a las políticas oficiales de desarrollo y que darle mayor participación al Ministerio sería acabar con sus objetivos originales.

En ese mismo sentido se declaró el senador Jorge Enrique Robledo, quien criticó fuertemente la iniciativa del gobierno.

“Esta es una intención equivocada del gobierno que está presionando a las CAR para que no actúen con autonomía, específicamente, en temas como la minería”, le dijo el congresista a Catorce6.

Y agregó: “El gobierno quiere someter las decisiones departamentales a la célula de Bogotá. Yo veo en ellos una actitud solapada de exagerar los problemas de las CAR y utilizarlas como chivo expiatorio con un único y verdadero propósito que es arrebatarles la autonomía”.

La idea del ministerio de Ambiente es que ese despacho participe en la toma de decisiones clave, como ocurrió hace unos meses cuando el ministro Juan Gabriel Uribe lideró la junta directiva de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en la que se decidió declarar Parque Regional Natural al Páramo de Santurbán (Santander).

El gobierno cree, además, que con una participación del gobierno central más grande se acabaría con la burocracia creada en las corporaciones, como se ha denunciado desde diferentes sectores del país.

Una remedio que no cura

Sin embargo, para Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y a quien se le atribuye el grueso de la creación del SINA, esa idea no solucionaría el problema de la politiquería en las corporaciones y sería un remedio que no cura.

“Acabaría siendo lo mismo porque los representantes en las juntas directivas del gobierno nacional terminan siendo elegidos por los senadores y representantes. Como todo en Colombia, la primera vez funcionaría, después llegan los congresistas a pedir que pongan amigos en los puestos”.

El tema de los recursos es otro que genera gran controversia. Ramón Leal ha insistido en que el problema no es el área de jurisdicción que manejan las CAR sino la diferencia presupuestal que existe en algunas de ellas.

Sobre eso, el exministro Lozano propone que “los recursos salgan de una sobretasa adicional a las rentas mineras o petroleras que vaya a las corporaciones donde están las urgencias de conservación”.

Aunque desde Asocars se ha dicho que las características en recaudo e inversión varían, por lo que dar la cifra como un todo sería una falla y se debe mirar independientemente el dinero que maneja cada corporación, las cifras muestran una notoria desigualdad, donde las menos favorecidas terminan siendo las que tienen a su cargo la mayor biodiversidad.

Como sea, un nuevo proyecto de reforma a las CAR está en marcha y, de resultar fallido, se correría el riesgo de que la reforma nunca deje de ser un deseo pues, como reza el proverbio chino, basta hacer algo 21 veces para que se vuelva hábito.