En la actualidad, tres años y medio es el tiempo para la obtención de un permiso por parte del Estado a un investigador, para que pueda desarrollar proyectos de biodiversidad en Colombia. Lo mismo ocurre cuando se van a realizar análisis moleculares, únicamente con fines de identificación de especies; para este último, además del permiso, se necesita un contrato de acceso a recursos genéticos que acarrea unos costos elevados que cubren los investigadores.

 Todos estas normas se convierten en obstáculos que no permiten avanzar en distintas investigaciones por lo cual, la Universidad Nacional en asocio con las universidades Javeriana, los Andes y la de Antioquia, trabajaron durante los últimos años con el fin de proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la modificación del Decreto 309 de 2000, que obliga a los investigadores en el país a solicitar permisos de investigación cuando trabajen con biodiversidad. Desde septiembre pasado un equipo conformado por un grupo de asesores del despacho del MADS y cuatro profesores representantes de estas universidades, en conjunto con sus rectores, ha logrado agilizar el proceso.

En la reunión que sostuvieron los representantes de las instituciones académicas con el ministro Juan Gabriel Uribe en septiembre, se acordó realizar una propuesta que lleve a soluciones para esta problemática.

La propuesta permitiría que los investigadores ya no tengan que solicitar permisos de investigación sino permisos marco, con requerimientos muy básicos otorgados a 10 años, no para un proyecto de investigación sino para todo un programa con un objetivo y unos profesores vinculados a él. Lo que sí será obligación, según el decreto, es la consulta previa a comunidades donde se vaya a recolectar especies.

El decreto de recolecta permitirá también que las salidas de campo de los docentes con fines académicos y que no impliquen actividades de investigación, no necesiten un permiso individual o marco. Las instituciones que no puedan acceder valiéndose de esta figura, podrán obtener un permiso individual de investigación a cinco años por proyecto.

En la actualidad, de los 1.200 profesores de la UN que han intentado conseguir los permisos, solo 80 han logrado obtenerlos. Por esta razón, muchos de los proyectos son cancelados o pospuestos.