La marcha que involucró a miles de Ibaguereños y activistas medioambientales, con la consigna no a la megaminería y la solicitud para que se autorice la Consulta Popular en la ciudad, despertó expectativa en muchos ciudadanos.
La Consulta Popular que fue propuesta por organizaciones ciudadanas y desarrollada por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y días más tarde aprobada por el Concejo, espera hoy el próximo pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Tolima, autoridad competente para otorgar luz verde.
El pasado 4 de mayo vencieron los términos para que el tribunal se pronunciara sobre el tema, por lo que se espera su pronta declaración. Si el pronunciamiento es a favor de la consulta, la alcaldía y la Registraduría deben organizar la logística para la votación. El reto de los promotores es conseguir más de 130 mil votos, para que la decisión comprometa a todas las autoridades.
“Aún estamos en la espera de que el tribunal emita el concepto favorable”, afirmó Renzo García profesor de la Universidad del Tolima y uno de los principales promotores de la iniciativa.
A la movilización del pasado 5 de junio también se sumaron departamentos como el Quindío y el Caquetá, lo que indica que el proceso iniciado en Ibagué podría desencadenar una movilización de carácter nacional, toda vez que la Corte Constitucional declaró recientemente inexequible el artículo 37 del Código de Minas, según el cual ahora los alcaldes y gobernadores podrán decir no a proyectos mineros en sus territorios.
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