Más allá de la preocupación ambiental, la decisión de la Anla de revocar la licencia de exploración petrolera a Hupecol en La Macarena demuestra la descoordinación con otras autoridades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Cormacarena.

En las últimas horas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le informó al país la decisión de revocar la licencia que le habia entregado a la empresa Hupecol para explorar petróleo, con un sinnumero de restricciones, en el campo denominado Serranía, muy cerca a los parques naturales La Macarena y Tinigua.

La decisión se tomó solo 4 días después que el presidente Santos ordenara a través de su Twitter que se suspendiera la resolución 286 de 2016 que permitía a la operadora empezar trabajos de exploración. Todo esto luego de una fuerte presión de distintos sectores de la sociedad y los medios de comunicación.

Sin embargo, la revocatoria definitiva de la licencia, “a través de la Resolución 424 del 19 de abril de 2016”, es la muestra de una serie de descoordinaciones y ligerezas de las distintas autoridades que participaron en el proceso de licenciamiento.

Si se pone en una línea de tiempo, la primera falta de articulación quedó demostrada en la entrega del bloque que le hizo en 2009 la Agencia Nacional de Hidrocarburos a la empresa Hupecol para realizar las actividades de sísmica, las cuales conllevarían a una posterior exploración, cuya licencia fue la que se terminó tumbando. Es decir, la ANH ni el Ministerio de Minas hicieron un cruce con las autoridades ambientales para calcular, desde el comienzo, los impactos que podría tener el proyecto.

Después, y como lo advirtió Catorce6, Cormacarena expidió el 30 de diciembre pasado la reglamentación del Área de Manejo Especial La Macarena, que era una tarea que debió hacer desde hace 27 años y que se terminó sacando precisamente en medio del estudio de la solicitud de licenciamiento que tramitó la empresa.

Pero lo peor es que en el mismo comunicado de prensa sobre la revocatoria, la Anla responsabiliza de frente a Cormacarena de negligencia en la entrega del Plan de Manejo Ambiental de la zona.

“El Plan Integral de Manejo Ambiental adoptado por Cormacarena, publicado con posterioridad a la expedición de la Licencia Ambiental, se convirtió en un elemento determinante en el proceso de revocatoria de esta licencia, la cual es de obligatorio cumplimiento para la Anla en sus actuaciones administrativas”, resalta el comunicado. Incluso, el mismo director Fernando Iregui dijo en diferentes medios de comunicación que la Corporación regional había mantenido “engavetado” el Plan Integral.

Cabe recordar, además, que a todo esto se sumó la declaración de la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, quien aseguró que no tenía ni idea de la licencia ambiental a pesar de que el proyecto estaba pensado en un área de amortiguación cerca de dos parques de su responsabilidad.

En medio de toda esta descoordinacion al interior del gobierno, es el licenciamiento ambiental el que demuestra su fragilidad, consecuencia de una politica ambiental de baja prioridad. Queda tambien en evidencia la falta de reglas claras del Estado colombiano para las empresas que inician proyectos mineros o de hidrocarburos. 

Seguramente se vendrá una millonaria reclamacion, pues directivos de la empresa han señalado inversiones superiores a los 3.000 millones de pesos solo en los estudios de impacto ambiental. Ángela María Rodríguez, gerente integral de sostenibilidad de la compañía, le dijo a Portafolio que “pareciera y lamentamos como empresa que este tipo de decisiones se tomen por desinformación. Definitivamente hay participación de actores que no están directamente involucrados y que están totalmente desinformados de los procesos que surten la empresa y las  autoridades". Esto sin considerar las millonarias garantias que por exigencia de la ANH deben constituir las operadoras en el marco de sus compromisos de exploracion a los cuales los convocó el gobierno en las rondas.