Esta decisión fue tomada luego de un estudio que demuestra que sus poblaciones recuperaron su equilibrio.
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La resolución 2298, firmada por el Director encargado Técnico de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Luis Francisco Camargo Fajardo, indica que se levanta parcialmente la veda para el comercio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus acutus), en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en el departamento de Córdoba.
El levantamiento parcial de la prohibición de la población del caimán aguja para rancheo será exclusivo y restringido a huevos de esta especie de la población DMI-BC. La cosecha estará a cargo exclusivamente de los grupos de comunidades locales que estén aprobados conforme a los requerimientos establecidos en el Plan Integral de Manejo DMI Cispatá – La Balsa – Tinajones y sectores aledaño vigente.
La resolución aclara que no se autorizará a particulares ni a ninguna otra entidad a realizar la operación anteriormente descrita.
Históricamente, la restricción para la captura de ejemplares fue establecida en 1968, debido a que se llevaba más de 37 años de caza masiva con fines comerciales, con cerca de 2 millones de pieles en mercados internacionales, lo que redujo drásticamente las poblaciones y destruyó su hábitat natural.
Hacia 1980, el caimán aguja o caretabla ingresó al Apéndice I de CITES, el más restrictivo de los tres que existen, dadas las altas probabilidades de extinción por la comercialización ilegal de su piel, catalogada como “muy fina” y “de lujo”, codiciada en mercados internacionales, principalmente, y utilizada en la marroquinería.
En 2017 hubo incremento de individuos de acutus en un 250 %, pasando de 50 en 2003 a 121. El aumento obedeció al programa de liberación puesto en marcha en la última década, alcanzando 11.788 especímenes.
Dicha recuperación de poblaciones del caimán aguja, permanente y sostenida, en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá trajo como resultado la aprobación de la Conferencia de las Partes de CITES y el levantamiento de la prohibición de comercialización, beneficiando a las comunidades comprometidas de la zona, que dependen del uso sostenible de fauna y flora para su pervivencia.
