Mediante una directiva que se acaba de conocer, el Ministerio Público pide al Gobierno que se intensifique la presencia de Fuerza Pública en los bosques para frenar el flagelo.
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Con fecha del 5 de abril, pero apenas publicada, la producraduría General de la Nación hizo una extensa evaluación de las razones por las que considera que no se han obtenido resultados en la lucha contra la deforestación. En su informe le reparte responsabilidades a todos los actores: Presidencia, Ministerio, Corporaciones Autónomas, Fuerza Pública, entidades territoriales, ANLA, etc.
A través de la Directiva 004 de 2019, el procurador Fernando Carrillo instó a cumplir 13 puntos para emprender acciones de protección, e intensificar la presencia del Estado, a través de las Fuerzas Militares y de Policía, con el fin de velar por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Además pide evaluar la posibilidad de que una oficina presidencial se responsabilice de manejar los diferentes temas relacionados con el control de la deforestación en el país.
Carrillo lamentó que no exista continuidad en la implementación de políticas públicas para salvaguardar el ecosistema, ni proporcionalidad entre la magnitud del problema y la adopción de medidas para contrarrestarlo.
Entre las exigencias inmediatas, hay una que ya se ha hecho desde diferentes entidades del Estado, para que entidades, organismos estatales y entes territoriales articulen y coordinen acciones que permitan "evitar y controlar la tragedia ambiental que se presenta en la Amazonía", y pidió adoptar los correctivos presupuestales y programáticos para enfrentar de manera idónea esta problemática.
Por eso, exhortó a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y las corporaciones autónomas regionales, a contribuir y liderar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en la región que resuelva las causas y agentes de esta problemática, que amenaza el patrimonio ambiental del país.
Y a cada una le pidió liderar una tarea: a la ANLA, por ejemplo, pidió verificar el cumplimiento de todos los requisitos previos a la concesión de permisos, autorizaciones y licencias ambientales, de acuerdo con sus competencias, de manera más rigurosa en áreas que conforman el Sistema de Áreas Protegidas. A las corporaciones autónomas regionales les solicitó realizar un seguimiento más permanente y un control exhaustivo a las actividades extractivas y de deforestación que no cuenten con los permisos y autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental, especialmente a las que tienen competencia territorial en Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
La Procuraduría conminó a los ministerios de Defensa Nacional, del Interior, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Relaciones Exteriores, de Comercio Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público, Justicia y Derecho, Educación, Minas y Energía, Vivienda y Transporte, para que articuladamente y en coordinación con la política fijada por el Estado para la región Amazónica ejecuten planes, programas y proyectos para disminuir a cero a deforestación.
Y recordó que la Fiscalía General ya tiene herramientas para iniciar las investigaciones de conductas punibles relacionadas con delitos ambientales como el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, tala indiscriminada de especies maderables y minería ilegal.
El más reciente boletín de Alertas Tempranas de Deforestación que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó en marzo señaló que la Amazonía concentró el 75% de las alertas. Caquetá (45,9 %), Meta (13,1%) y Guaviare (9,8 %) son los que concentran las mayores cantidades de detecciones de deforestación.
En Guaviare se deforestaron entre 9.597 y 9.962 hectáreas. En Meta, se deforestaron entre 9.720 y 10.266 hectáreas, y en Caquetá, entre 24.504 y 32.518 hectáreas.
Un millón de firmas y denuncia penal para pedir que Fiscalía investigue deforestación en la Amazonía
