En una rueda de prensa conjunta de los Ministerios de Ambiente, Salud, Justicia y Defensa, el Gobierno explicó que el objetivo es asperjar de manera focalizada para reducir riesgos ambientales.
Foto: Dinero
El Gobierno Nacional anunció la publicación para comentarios, del Proyecto de Decreto a través del cual se desarrolla el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.
En representación del Gobierno Nacional, los ministerios de Justicia y del Derecho, Defensa Nacional, Salud y Protección Social, y Ambiente y Desarrollo informaron a la opinión pública acerca de la elaboración de este Proyecto de Decreto, cuyo propósito es crear un marco normativo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.
Según el Gobierno, mediante la reglamentación de la actividad de erradicación a través del método de aspersión aérea que propone este Proyecto de Decreto se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, que establecen la obligatoriedad al Gobierno Nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad.
La publicación para comentarios, del Proyecto de Decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión. La reanudación de la aspersión aérea será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el Proyecto de Decreto, que determina principalmente:
▪ La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.
▪ Un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
▪ Una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la ANLA.
▪ Una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.
▪ El desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente.▪ Un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.
▪ Espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.
“La aspersión aérea es una herramienta que utilizada con precisión y bajo el control efectivo de los riesgos a la salud y al medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos”, se advierte en la argumentación del nuevo decreto.
“El Gobierno Nacional está comprometido con una estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos, que, de acuerdo con la Política Ruta Futuro, se compone de la erradicación en varias modalidades y de programas para la transformación territorial como los programas de sustitución de cultivos ilícitos, los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), las zonas estratégicas de intervención integral – Zonas Futuro”.
El texto del proyecto de decreto publicado, estará disponible para comentarios por un término de 30 días, a través de la página web del Ministerio de justicia y del Derecho.
Vale la pena recordar, que según la ONU, luego de cuatro años consecutivos de incremento del área sembrada con cultivos de coca, Colombia logró detener la tendencia en 2018. Aunque los cultivos permanecen en la parte más alta de la serie histórica (169.000 ha), la estabilización entre 2017 y 2018 (reducción del 1,2%) representa una oportunidad para revertir las tendencias.
El análisis geográfico muestra que la afectación por cultivos de coca sigue incrementando en algunos territorios, pero se reduce en otros, generando un efecto de “balance”. Nueve departamentos mostraron cambio hacia la reducción9, de los cuales vale la pena destacar Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y Amazonas, donde se logra una reducción de más de 11.000 ha; no obstante, esta fue compensada por un incremento de 9.000 ha en Norte de Santander, Bolívar y Cauca.
La coca sigue concentrándose en las zonas de manejo especial: el 47 % de los cultivos se encuentra en Parques Nacionales Naturales (PNN), resguardos indígenas, tierras de comunidades negras o zonas definidas por la Ley 2 de 1959. La participación de la coca en estos territorios pasó del 44 % en 2006 al 65 % en 2010; a partir de entonces, ha venido disminuyendo hasta el 47 % en 2018.
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