Un preocupante informe de la secretaría de Minas del Cesar, reveló que el 96 por ciento de los municipios de ese departamento presentan graves afectaciones de tipo ambiental por minería ilegal en su mayoría por la extracción de arcilla para la elaboración de ladrillos y otros materiales.

La entidad reveló que en la actualidad existen 58 unidades mineras no legalizadas, dedicadas a estas actividades y por la existencia de varias canteras en la zona, que operan sin permisos y utilizando métodos que generan un alto impacto negativo en los ecosistemas.

“Lo que hicimos fue identificar todas estas unidades mineras ilegales para llevarlas a las autoridades a nivel nacional, a fin de establecer cuáles se pueden formalizar y cuáles no; y en el caso de las que no cumplan con la regulación minera y ambiental, iniciar procesos de reconversión laboral”, sostuvo Cármen Cecilia Galvis, secretaria de minas del cesar.

 Lo cuerpos de agua son los mas afectados. / Foto: El Heraldo

Cuerpos de agua, los más afectados

Según el informe, la actividad minera ha afectado en su mayoría a los cuerpos de agua del departamento. En los cuales se han detectado problemas como bajo caudal, como consecuencia de apertura irregular de canales utilizados para la extracción de materiales.

De igual forma, en los últimos meses se han registrado varios casos de muerte de peces en la zona, cuya causa sería el uso de sustancias como mercurio, entre otras que contaminan el agua.

Además el uso de maquinarías ha socavado los terrenos ribereños, ocasionando graves problemas de erosión. En la zona norte del departamento se estima que en los últimos seis meses que los mineros han talado irregularmente, más de 2.000 árboles, ubicados en la rivera de varios ríos, para tener espacio para desarrollar su actividad.

Los cuerpos de agua más afectados por esta situación, están ubicados en los municipios de Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas, Curumaní y en la misma capital, Valledupar.

Medidas

Según la Secretaría de Minas, una vez detectadas estas unidades mineras ilegales, se procederá a enviar la información al Ministerio de Minas nacional con el fin de establecer cuáles se pueden formalizar y cuáles no. Las que obtengan el aval, deben acogerse a la normativa de operación vigente, sin afectar al medio ambiente. Además los empresarios mineros de menos recursos, podrían recibir subsidios estatales para realizar su actividad.