La empresa candiense Eco Oro Minerals anunció su intención de comenzar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano, en el marco del tratado de libre comercio firmado por ambos países.

El tema de fondo es la demora en la delimitación clara del páramo de Santurbán. Dice la compañía que las medidas y omisiones que los han afectado incluyen “demora excesiva del Gobierno en el esclarecimiento de los límites del páramo… y su fracaso persistente para proporcionar claridad en cuanto al derecho de Eco Oro para continuar el desarrollo de su proyecto minero en vista de los nuevos requisitos definidos y más tarde como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional que ha ampliado la prohibición de actividades mineras en estas zonas” (lea también: ¡Se cayeron las licencias ambientales otorgadas en páramos antes del 2010!).

La Asociación Interamericana en Defensa del Medio Ambiente (Aida) “repudió” el anuncio de demanda que hizo la empresa candiense y su intención de buscar una compensación monetaria por los daños causados. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de Aida.

En diálogo exclusivo con Catorce6 desde Washington, Carla García, del Centro para el Derecho Ambiental, aseguró que “el problema es que se siguen legitimando estos proyectos que son incorrectos solo porque tienen inversión del Banco Mundial. No se tiene en cuenta el costo-beneficio de explotar minerales afectando las fuente hídricas… Esto pasa porque no se tiene en cuenta las personas que se supone van a beneficiarse de los proyectos”.

“La costumbre de demandar a los estados viene desde los TLC. Las mismas normas de los tratados defienden principalmente los intereses de las empresas. Soy ciudadana mexicana y tenemos casos parecidos. Incluso, existen demandas por negocios que no se han firmado. Eso ha sucedido en El Salvador, en Costa Rica y en montones de casos”, sostuvo García.

Además, criticó a los tribunales que deciden estos pleitos y dijo que el panorama es pesimista para Colombia: “Es una corte secreta de tres árbitros que a puerta cerrada llevan estos asuntos y deciden los casos. La historia cuenta que todos esos casos los ganan las empresas” (lea aquí el texto completo de la Sentencia de protección de páramos).

Las organizaciones ambientales advirtieron también sobre los riesgos de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro y acudan a instancias internacionales. El debate sigue abierto.

El PND 2014-2018 resultaba especialmente útil para aquellos con títulos y licencias
ambientales previas a 2010 para minería y 2011 para hidrocarburos. / Foto: Cortesía Colprensa