Plaguicidas vencidos de la lucha contra la malaria y plagas del algodón enterrados desde los años 70 y 80 podrían sanearse con lo previsto en el proyecto de ley radicado por el Partido Verde.
Enterrados en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Honda y en el Cesar entre otras zonas, hay un número indeterminado de toneladas de desechos de actividades agrícolas, de estrategias del sector salud contra vectores o de distribución de energía, sobre todo los conocidos como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). Entre ellos estan el DDT y los PCB que son desechos de transformadores. La mayoria de estos toxicos estan prohibidos a nivel mundial por sus graves impactos en la salud humana. Se consideran huérfanos porque en su momento no existía legislación para su eliminación segura y no hay a quien responsabilizar.
Lo paradójico es que la mayoria de estos pasivos ambientales estan relacionados con residuos de plaguicidas utilizados por el sector salud para el control de la malaria y por el sector algodonero importados por la Federacion de Algodoneros.
No se ha entendido la razon por la cual fueron enterrados tantos tambores de estos materiales. Expertos explican que anteriormente no se sabía cómo manejarlos ni eliminarlos pero tampoco había legislación. Hoy siguen allí con consecuencias desconocidas para las aguas subterráneas y el suelo. El proyecto de ley de pasivos ambientales recientemente radicado por el Partido Verde, junto con otros 15 proyectos, aborda esta problemática que ha sido evadida durante décadas.
El proyecto entre otras medidas establece que mediante el Fondo de Pasivos Ambientales en el Sistema Nacional de Regalías y la Subcuenta de Pasivos Ambientales en el Fondo Nacional Ambiental reglamenta la financiación para los pasivos ambientales, haciendo frente al problema financiero proveniente de los pasivos ambientales y su mitigación. Adicionalmente el proyecto previene que a futuro se repitan las situaciones que ocasionaron los pasivos de hoy.
El comunicado de prensa del Partido Verde explica "Mediante la creación de la normatividad específica, referida a los pasivos ambientales, se previenen afectaciones serias y prolongadas en el tiempo para el medio ambiente, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la salud de comunidades humanas y el desarrollo económico de las regiones donde se realizan los proyectos mineros".
