Esta semana la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila anunció que 4.238 hectareas de bosques están afectadas por incendios forestales originados por las quemas para la preparación de los terrenos para cultivos en las zonas rurales.
En lo corrido del segundo semestre han ocurrio 49 incendios forestales en el departamento del Huila. La razón es la quema de tierra un método de cultivo empleado desde hace miles de años por los campesinos. Según ellos con la quema se limpia la vegetación marchita del terreno, se mejora la fertilidad y se disminuye la acidez del suelo, aumentan la cantidad de nutrientes y se esterilizan los suelos y reducen las poblaciones de insectos y malezas.
Sin embargo, esta costumbre le ha costado caro al medio ambiente, porque a pesar de los beneficios inmediatos que en un principio puede llegar a generar, a largo plazo causa efectos dañiños e irreversibles al suelo. También la capacidad para retener la humedad se reduce y por las altas temperaturas durante la quema se pierden nutrientes en las primeras capas de suelo. En departmento los municipios más afectados son Neiva, Aipe, Paicol, Campoalegre, Íguira, y Palermo.
Foto: Corporación Autónoma del Alto Magdalena
Ante la grave situación, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), exhorta a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes a los presuntos responsables de iniciar los incendios. Carlos Andrés González, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, afirmó que “es importante que la comunidad tenga en cuenta que este tipo de prácticas de quemas están prohibidas y ocasionan grandes impactos ambientales y por ende son objeto de proceso sancionatorio ambiental y penal si es del caso”.
Al mismo tiempo la Corporación recuerda la posibilidad de aplicar comparendos ambientales como acción correctiva de hechos punibles, basada en la Ley 1333 de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Y es que las sanciones podrán ir de 1 a 5 mil salarios mínimos legales vigentes. Y las penales las define la Fiscalía en caso que se establezca que se registre un delito ambiental. Adicionalmente la CAM evalúa las áreas afectadas para iniciar procesos de reforestación, aislamiento o enriquecimiento vegetal.