Desde que en Colombia se incrementó la minería, los efectos ambientales por la extracción de materiales han causado daños irreversibles como la pérdida del suelo y la biodiversidad.
Pero estas dos no han sido las únicas consecuencias, también hay cifras devastadoras como la contaminación de las aguas y el aire y la generación de grandes cantidades de residuos, un flagelo detonante de conflictos ambientales, a tal punto que, desde hace dos años cuando el programa de las Naciones Unidas presentó a Colombia como el primer país de América Latina en tener el mayor número de conflictos reportados, hoy, ocupa el segundo lugar.
Según el mapa mundial de justicia ambiental, el mayor número de conflictos están relacionados con las actividades de extracción minera. Un ejemplo de ello, dice el informe, se da en el departamento del Quindío, donde el 60% del territorio se encuentra titulado o en espera de titulación.
Según expertos, desde el año 1961 en el país ha decrecido la biocapacidad, es decir, la capacidad de generar recursos y absorber los desechos resultantes / Foto tomada de radiomacondo.
Pese a la resistencia de las comunidades afectadas, explica el investigador Santiago Malaver, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (UN), el país en los últimos años cambió el modelo económico de uno de carácter agroindustrial a otro extractivista comercial. “Esto ha generado bastantes y recurrentes movilizaciones de la ciudadanía para oponerse a tal modelo. Por ejemplo, los campesinos de Valparaíso (Caquetá) marcharon para rechazar la explotación de petroleó a través de fracking en su municipio”, dice Malaver.
Para el investigador, otra de las consecuencias es la deuda ecológica, entendida como la deuda acumulada por países industrializados respecto a países del tercer mundo, afectados por el saqueo de recursos, los daños ambientales, la ocupación de espacios para depositar desechos, entre otros.
Recientemente fue publicado el libro Derechos Ambientales en Disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental, editado por Gregorio Mesa, docente de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN, quien explica que los principales conflictos ambientales sobre el suelo se deben a la descoordinación y desarticulación de las acciones alrededor del manejo del suelo en el país.
Por eso el editorial propone “formular una política pública para la Gestión Ambiental de Suelos (GEAS) que defina límites a las acciones humanas, las cuales hasta ahora han generado degradación y contaminación de los suelos”. Igualmente es importante “crear planes, programas y proyectos que, teniendo en cuenta la vocación de cada tipo de suelo, planteen las actividades para satisfacer las necesidades básicas humanas, de tal forma que se minimicen los conflictos derivados del uso y manejo inadecuado y las consecuencias que ello trae”, sugiere la investigación.
Foto tomada de elojocondientes.com
