Este derecho fundamental para preservar la integridad de las comunidades se ha distorsionado. Denuncias sobre compra de líderes y chantaje de estos a empresas son algunas de las anomalías que destruyen el desarrollo de las comunidades. Colombia cada vez está recibiendo más inversión extranjera. De acuerdo con cifras del Banco de la República, en el primer semestre del 2011 el récord fue de 7.008 millones de dólares, es decir, que creció un 91.4% comparado con el mismo periodo del 2010. La mayor parte de ese capital extranjero procede de proyectos como la minería, petróleo, infraestructura y energía. Esa gran inversión que ha llegado al país supone proyectos de gran envergadura que están en curso en este momento. Pero, el inversionista o empresario que quiera comenzar un proyecto en zonas con comunidades indígenas o afrocolombianas debe tener en cuenta diversos factores e instrumentos, entre ellos el proceso de Consulta Previa. De acuerdo con Rafael Antonio Torres, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, “la Consulta Previa es un derecho fundamental dirigido a preservar la integridad de las comunidades étnicas a través de la participación. En este proceso de consulta son revisadas las afectaciones positivas o negativas que se generarán por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad en su territorio y se identifican las medidas de manejo, prevención, mitigación, control, adecuación, corrección o compensación, a que haya lugar, entre los intervinientes en el proceso”. Tanto el empresario como la comunidad deben participar y llegar a acuerdos. El Ministerio del Interior, también juega un papel importante, coordina y convoca las reuniones con el objetivo de asegurar el cumplimiento del proceso hasta alcanzar los acuerdos que se protocolizan entre la empresa y la comunidad. De otro lado, también está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que después de surtida la consulta previa, establece las obligaciones ambientales y sociales que son objeto de multa u otras sanciones por el posible incumplimiento en el que incurran. No obstante, para el empresario el tiempo es primordial puesto que desea comenzar con su proyecto. En ese afán por cumplir, muchas veces no escucha las verdaderas necesidades de la comunidad. El Director de Consulta Previa advierte que “se debe tener en cuenta que la Consulta es un mecanismo que busca salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan nuestro país. La Consulta Previa es un intercambio de saberes donde las visiones indígenas y las que no son, construyen de buena fe la mejor forma de llevar a cabo un proyecto, obra o actividad”. Sin embargo, esa dinámica entre el empresario y las comunidades ha causado distorsiones. Se han fortalecido ciertos liderazgos individuales que recorren vastas regiones, intermediando procesos. De acuerdo con un funcionario del Ministerio de Ambiente, quien no quiso ser identificado, la Consulta Previa se ha monetizado, tal es el caso de una líder de las comunidades que controla toda la región del Pacífico, y se dice que ningún proyecto pasa sin la aprobación de esta líder. Entrevistados miembros de las comunidades de zonas donde actúa, dicen que hoy es una mujer muy adinerada mientras las comunidades siguen en la pobreza. Ninguno de los entrevistados quiso decirle a Catorce 6 su nombre.
SE CAMBIA LA DINÁMICA DE DESARROLLO
En varios casos, según pudo conocer Catorce6, empresarios en su afán de realizar el proyecto ofrecen y dan dadivas, lo cual cambia la dinámica de desarrollo y el patrón de una comunidad. Se habla de casos donde se le ha dado a ciertos líderes camionetas, plata, entre otros regalos, distorsionando así los fines de las comunidades. De acuerdo con, Fernando Fierro, abogado asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, -ONIC “hay un estudio realizado por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombiana (CENOA), -Oxfam (Organización Internacional de Promoción del Desarrollo y Lucha Contra la Hambruna) y la -ONIC que señala que las consultas no se están haciendo bien porque no se reconoce el principio del consentimiento, en casi todos los casos lo que se evidencia es un afán por firmar las actas y no el afán por llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad. Tampoco hay mecanismos de seguimiento”. Otros dos temas que resalta Fierro son que ninguno de los procesos estudiados tardó más de seis meses y que en algunos casos se encuentran certificaciones oficiales donde se determina la no existencia de comunidades indígenas. Sin embargo en el Congreso de Minería y Petróleo se comentaron casos de consultas previas de varios años de duración, así como el reconocimiento del Ministerio de las debilidades de la base de datos de comunidades étnicas. Éste asegura que inmediatamente una comunidad informa de su presencia el Ministerio impone la obligación de iniciar el proceso de consulta previa. Por el hecho de que no se certifique no quiere decir que se viole el derecho a la consulta. Por otro lado, Rafael Torres afirma que actualmente hay 65 procesos de consultas en diferentes etapas, antes de protocolizar, “no existen fracasos en los procesos de consultas previas sino que en ocasiones, debido a las dinámicas de las comunidades y a la naturaleza de los proyectos, estos procesos pueden dilatarse en el tiempo o protocolizarse en ausencia de acuerdos”. Para la ONIC entre los proyectos de infraestructura mineros y energéticos, hay 300 procesos desde 1994. “He estado frente a varios procesos y uno comprueba la falta de información frente al proceso que tiene la comunidad, hay algunas cosas que no les dicen a las comunidades solo que los van a beneficiar. Entonces ¿qué consentimiento van a expresar?”, dice Fierro. Sin duda, el afán es el incentivo máximo para darles plata o regalos a líderes de las comunidades y que la empresa pueda seguir con el proyecto. Sin embargo, no se dan cuenta que destruyen a la comunidad y a los líderes con dichos regalos y establecen una relación parasitaria hacia futuro que nada tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, su bienestar y protección de su cultura. En algunos momentos las partes se polarizan como ocurrió en el caso del proyecto sobre la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo, donde faltó mayor diálogo con la comunidad. De ahí la importancia de la responsabilidad de los empresarios en tener en cuenta las formas de vida actual, la cultura y la cosmovisión de la comunidad. En el país falta mejorar los procesos de consultas previas pues muchos se dan atendiendo los tiempos de las empresas, sin atender las costumbres y verdaderas necesidades de los grupos étnicos afectados. Fierro destaca que una las mayores pérdidas como consecuencia de las malas prácticas en las consultas previas, es que la organización gubernamental al interior de las comunidades se fractura, perdiendo así la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan nuestro país, que es la esencia misma de este proceso. La idea es que tanto el país se beneficie con toda la inversión extranjera que está recibiendo y se lleven a cabo los proyectos, pero que a la vez las comunidades puedan desarrollarse.
