En un comunicado Asocars cuestiona la revisión y señala a la Contraloría de no tener funcionarios idóneos para una evaluación objetiva.
Ramón Leal, director de Asocars - Edgardo Maya, contralor general. / Fotos: Elespectador.com
Se generó una enorme polémica entre la Contraloría y las Corporaciones Autónomas regionales por el estudio del ente de control que, como lo informó Catorce6, reveló hallazgos fiscales por más de 100 mil millones de pesos y acusó a las CAR más grandes de negligencia, incompetencia o corrupción. (Recomendamos leer: Contraloría encontró irregularidades en las obras del ‘megaproyecto’ del Río Bogotá)
Catorce6 consultó a varias de las Corporaciones y todas señalaron que responderían en bloque. Finalmente la respuesta llegó y de forma muy dura. Solo en el primer párrafo dicen que la Contraloría no tiene funcionarios idóneos para estas auditorías: “desconocimiento del régimen especial de las CAR y las diferencias de interpretación con los equipos auditores de la CGR, que por lo general tienen diversos perfiles profesionales, que no siempre son idóneos para realizar una objetiva evaluación”.
“Reconocemos que somos sujeto de control de la Contraloría General de la República, pero son afirmaciones graves, con las cuales no podemos estar de acuerdo. En el comunicado es evidente la intencionalidad de descalificar y desinformar sobre las Corporaciones, con afirmaciones que empañan la buena gestión que adelantan en sus regiones, lo que hace mucho daño y deslegitima ante la opinión pública a las CAR. Sin desconocer la complejidad en que desarrollan su gestión, las CAR son las entidades ambientales que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas ambientales, están y actúan en el territorio”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS.
Leal calificó el comunicado de prensa como inexacto y dice que los hallazgos señalan la presunción más no la certeza de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativa, una vez recibido el informe, las CAR intentarán “demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente”.
“Por eso, no compartimos las interpretaciones que los equipos auditores hacen de los temas objeto de auditoría y además la manera como se divulgan los hallazgos que se hacen a estas autoridades ambientales regionales”, afirmó Leal.
Sobre el tema de fondo, consideran inexacto decir que 10 CAR manejaron recursos por casi $4 billones en 2017 cuando en total las 33 CAR alcanzan 2.5 billones de los cuales más del 50% tienen una destinación específica.
Otro de los puntos, la falta de autonomía y presión de mandatarios locales para poner a los directores, hay que decir que también hacen parte de las juntas directivas los representantes del presidente de la República, del ministro, sectores productivos, representantes de comunidades negras e indígenas y demás actores regionales.
Respecto a los hallazgos puntuales de cada corporación, Asocars respondió:
CORTOLIMA
Los hallazgos y observaciones de carácter administrativo y fiscal son de aproximadamente 2.800 millones de pesos, que están focalizados a la imposibilidad de cobrar el instrumento financiero denominado Tasa por uso de agua (TUA) a un distrito de riego que no ha querido formalizar la correspondiente concesión de agua ante la autoridad ambiental regional. Y la prescripción de un proceso de jurisdicción coactiva en contra de un infractor por adelantar actividades mineras en forma ilegal en el municipio de Ataco-Tolima que, por carencias en su proceso de notificación, el infractor no adelantó los pagos de las correspondientes multas ante Cortolima.
CVC
El director de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, Rubén Darío Materón afirma que “no es cierto que el Gobierno Nacional haya entregado tales recursos a la CVC. Los $1.2 billones son producto de la venta de las acciones de EPSA, como compensación por los activos entregados y del componente ambiental de Salvajina. Por lo tanto, estos recursos son de los vallecaucanos y sus rendimientos se invierten cada año en el Valle del Cauca”.
La CVC, reclama Materón, en cumplimiento del Decreto 1275 de 1994 debe mantener estos recursos en fondos de alta rentabilidad y que contradictoriamente fue la misma Contraloría la que recomendó a la CVC, en la auditoría realizada a la gestión del año 2007, mantener la política de preservación del capital para no perder valor, ni generar déficit operacional.
CARDER
La Corporación Autónoma de Risaralda señaló que en dicho documento no se evidenciaron actuaciones que permitan asegurar que hubo una desviación y/o apropiación inadecuada de recursos por parte de terceros, motivo por el cual ninguno de los hallazgos tiene connotación penal.
En términos generales la CARDER considera que, las apreciaciones de la Contraloría discrepan de la realidad institucional, de los resultados y logros en la gestión ambiental que ha permitido que el departamento se posicione a nivel nacional en espacios como POMCAS, Páramos, Áreas protegidas, entre otros. “Teniendo en cuenta que durante el proceso auditor no se logró unificar criterios frente a las posiciones subjetivas adoptadas por el equipo auditor, se elevarán las consultas a la Auditoria General de la República y a los demás órganos a nivel nacional, con el fin de aclarar cada uno de los temas objeto de hallazgos”.
Vale la pena resaltar que en este comunicado no se hace referencia a la Car Cundinamarca, que precisamente es la que presenta el más grande hallazgo fiscal. Su director, Nestor Franco, le dijo a esta revista que están preparando una rueda de prensa para responder punto por punto a los señalamientos del organismo de control.
