Catorce6 realizó un seguimiento a cinco hechos que fueron publicados en los recientes cinco años y que generaron un impacto significativo en los lectores por su importancia para el sector ambiental. Cinco historias que en la actualidad siguen dando de qué hablar.
» Diana Bello / Especial para Catorce6
CIUDADELA INDUSTRIAL EN VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA
En la edición número 1 del año 2007 (agosto – septiembre), Catorce6 publicó el artículo: ‘Salamanca, ¿atropello al parque?’ En el texto se anunció la construcción de un puerto granelero en la zona de amortiguación del parque, una de las primeras protegidas en Colombia, cobijada por convenios internacionales y es reserva de la biósfera.
El proyecto, ubicado en Palermo (Magdalena), un corregimiento de Sitio Nuevo y jurídicamente en regla, era considerado por muchos un crimen ambiental, debido –entre otras cosas– a que las obras afectarían los ecosistemas de la zona e interrumpirían las filtraciones de agua del río hacia los humedales. El puerto hacía parte de una gran ciudadela industrial, que ambientalmente preocupaba y en la que se levantarían, además del puerto, otras construcciones.
De acuerdo con Luz Elvira Angarita, directora territorial Caribe de Parques Nacionales, el puerto granelero, de la Sociedad Portuaria Palermo, opera desde hace tres años y se está tramitando una nueva licencia para edificar otro contiguo al de Palermo. La Unidad de Parques Nacionales Naturales y las comunidades vecinas han manifestado su preocupación por el trámite que tiene el proyecto portuario de operar con carbón al lado de un Parque Nacional Natural. Según la funcionaria, es imposible medir el impacto ambiental que ha tenido el puerto en un plazo tan corto. “Se trata de ecosistemas que no cambian abruptamente. Por eso, los defectos se ven después de 10 o 15 años”, añade.
Sin embargo, Liliana Támaro Urzola, secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), asegura que la entidad ha hecho un seguimiento minucioso anualmente y que hasta el momento no se ha detectado un deterioro ambiental en la zona. “El proyecto se licenció de manera responsable, ya que contó con el concepto favorable de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente y el soporte de unos estudios ambientales que elaboró la Universidad del Norte (…) en este momento se está haciendo un monitoreo en el marco del licenciamiento ambiental que contempla unas medidas de manejo para mitigar riesgos”, explica.
Dichas medidas, contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, corresponden a las que ordinariamente se exigen para obras de esta dimensión, y se traducen en acciones para disminuir el impacto ambiental en la fase de construcción, recuperación y reubicación de especies endémicas; elaboración y desarrollo del Plan de EducaciónAmbiental para la comunidad; obras civiles para evitar inundaciones en épocas de invierno; y la construcción de una estación de bombeo y pretratamiento de agua del río Magdalena. A pesar de esto, las comunidades vecinas al Parque Salamanca se quejan de los rellenos que hizo la empresa en los caños vecinos al puerto en el corregimiento de Palermo.
Adicionalmente, según Luz Elvira Angarita, en la zona está funcionando una red de caños, cuya finalidad es permitir el flujo del agua del río Magdalena a esta área, y desde Parques Nacionales también se realiza un monitoreo para, por ejemplo, verificar que no haya disminución de coberturas vegetales. Además, se mantiene intacta una franja de 30 metros localizada del límite del parque hacia afuera conocida como la ‘zona de amortiguación del VIPIS’ (Vía Parque Isla de Salamanca). “El puerto queda bastante retirado de esa franja; incluso, hay un lote de por medio”, aclara.
LA CALIDAD DEL AIRE EN COLOMBIA
Desde siempre, la contaminación ambiental ha sido una de las preocupaciones principales de las autoridades ambientales nacionales. Por eso, Catorce6 abordó el tema en dos oportunidades: la primera fue en la edición 5 (abril – mayo de 2008) con un artículo titulado ‘Así respira Colombia’, en el que se dio a conocer el ranking de los diez aires más contaminados del país por material particulado según el Ideam; y la segunda, en la edición 26 (octubre – noviembre de 2011), texto en el cual se narran los avances y retrocesos que han experimentado las diferentes ciudades del país en esta materia, de la mano de las redes de monitoreo de la calidad del aire que se han ubicado en varias de ellas.
En el 2008, Bogotá era considerada la ciudad más contaminada del país. En su orden, los lugares más afectados por PM-10 hace cuatro años eran Tunal, Kennedy, Puente Aranda (los tres de Bogotá), el centro de Medellín, Guayabal (Medellín), Fontibón (Bogotá), Nemocón (Cundinamarca), el área de la Clínica Juan N. Corpas (Bogotá), Ráquira (Boyacá) y la calle 80 con carrera 68 en Bogotá.
No obstante, el artículo de 2011 demostró que en el caso de Bogotá las cosas habían mejorado para ese año, entre otras cosas, porque la red de monitoreo de la calidad del aire compuesta por 15 estaciones distribuidas por toda la ciu- dad. Para Marcela Bonilla, directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es evidente que la capital va por buen camino. Cabe anotar que si bien las localidades en donde se presenta una mayor contaminación por PM-10 siguen siendo Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, se han reducido los índices por PM-10 en estas en un 9, 8 y 6% respectivamente.
“De acuerdo con el informe del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, aunque el 58% de las estaciones de monitoreo superan el límite máximo anual para PM-10 establecido en la normatividad colombiana (de 10 que presentaron datos válidos), se han logrado reducir los valores para algunas hasta en un 50%”, añade la experta. En Medellín, por su parte, el 33% de las estaciones sobrepasan el límite permitido (de 6), mientras en Cali ninguna de las dos con las que cuenta la ciudad, se excede.
Beatriz Orozco, directora del Dagma de Cali, asegura que la calidad del aire allí está entre buena y moderada. “A la ciudad le ha ayudado mucho la mejoría del Sistema de Transporte Masivo y la chatarrización de los vehículos antiguos, así como la consolidación de una mesa interinstitucional de la calidad del aire que está operando de la mano del Ministerio de Ambiente, por lo cual hoy no excedemos los límites de PM-10 permitidos. La meta es llegar a tener nueve estaciones en toda la ciudad a final del año”, cuenta la funcionaria.
Así las cosas, de acuerdo con estudios de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteniblen –en la que se presenta la concentración promedio anual de material particulado menor a 10 micras (PM-10) en los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) que operaron en el país durante el periodo 2007-2010–, las mayores concentraciones se presentaron en las estaciones de los SVCA operadas por Amva (Área Metropolitana del Valle de Aburrá), Corponor (Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander), Corantioquia (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia), SDA (Secretaría Distrital de Ambiente, en Bogotá), CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) y Corpoboyacá (Corporación Autónoma Regional de Boyacá).
REFORMA A LAS CAR
En la edición 22 (febrero – marzo de 2011), la revista Catorce6 publicó el artículo: ‘¿Servirá la cirugía a las CAR?’, en el cual se analizó ampliamente la decisión del Gobierno de hacer una reforma estructural a las Corporaciones Autónomas Rregionales luego de la ola invernal del año 2010. Dicha reforma se sustentó jurídicamente por medio del Decreto 141 del año pasado y proponía, como principal medida, cambiar la estructura de los consejos directivos de las CAR, así como fusionar varias de ellas.
Hoy, el panorama presenta varios escenarios. En primer lugar, es preciso recordar que la Corte Constitucional tumbó el decreto madre que amparaba la reforma sobre la base de la segunda declaratoria de emergencia invernal (coyuntura que le sirvió de fundamento al gobierno del presidente Santos para expedir una serie de normas, entre las cuales se encuentra la reforma a las CAR).
Así las cosas, el Ministerio de Medio Ambiente, la alta consejera presidencial Sandra Bessudo y Planeación Nacional, entidad que lideró ese proceso, comenzaron a trabajar en un proyecto de ley cuya finalidad es generar mejor gobernabilidad de las CAR; mayor transparencia; elevar el nivel técnico de las Corporaciones, especialmente en la gestión integral de riesgo; y precisar sus funciones y eliminar conflictos de interés.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas, proceso que dirige el Ministerio del Interior, aunque la meta es presentarlo en el Congreso de la República a más tardar en octubre de este año con la esperanza de que la ley sea sancionada en diciembre. De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, director de Ordenamiento Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aunque fusionar las CAR (de 32 a 17) era una de las propuestas de la primera reforma, hoy no es la prioridad.
“Creemos que alterar el sistema actual en número de Corporaciones no es el fin último de lo que estamos buscando, aunque sí queremos modificar los consejos directivos, que en este momento están integrados por 11, 12 y hasta 15 personas, con lo cual quedan abiertos solo dos cupos para el Gobierno: el representante del Presidente y el delegado del Ministerio de Ambiente”, anota Fernández de Soto.
De esta manera, dice, uno de los objetivos es igualar todos los consejos directivos en un mismo número de personas (11), de las cuales seis serían de la región (gobernadores, alcaldes y representantes de minorías étnicas, en donde las haya), un representante del Presidente, un delegado del Ministerio de Ambiente, un delegado de Planeación Nacional, un representante del Ministerio de Agricultura y un representante de los institutos del Sistema Nacional Ambiental (por ejemplo, el Instituto Humboldt o el Instituto de Asuntos Marinos y Costeros), para darle un nivel técnico mucho más importante a cada Consejo.
Mientras todo eso se materializa y el proyecto sigue su curso, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, declaró al cierre de esta edición que “al día de hoy se han realizado 23 elecciones de directores de las CAR en todo el país, de los cuales nueve han sido reelegidos por su buena gestión y por consenso regional”.
Sin embargo, Fernández de Soto aclaró que “no nos quedamos solo con la ley, y desde ahora estamos haciendo varias modificaciones, como por ejemplo trabajar en planes de seguimiento junto con las Corporaciones, mejorar algunos instrumentos económicos, precisar ciertas tareas de las CAR y llevar a cabo reuniones periódicas con la presencia del ministro Frank Pearl, con los alcaldes, la jurisdicción y los consejos directivos para definir prioridades regionales”.
RIO BOGOTÁ ACUEDUCTO
En el 2008 Catorce6 publicó un informe sobre el plan que tenía el Acueducto de Bogotá para descontaminar el río Bogotá, que ocupa la deshonrosa lista de los más contaminados del mundo. Para ese entonces, el proyecto prometía tres inmensos interceptores que desviarían las aguas del alcantarillado hacia dos plantas de tratamiento: El Salitre y Canoas. Estas estructuras llevarían las aguas contaminadas de los ríos Fucha y Tunjuelo. El plan maestro de saneamiento en la segunda fase se cal- culaba que para el 2011 ampliaría la capacidad de la planta El Salitre en un 50%; es decir, que su capacidad aumentaría de cuatro metros cúbicos a ocho metros cúbicos por segundo.
Sin embargo, hoy luego de casi cinco años no se ha construido la planta Canoas, y tampoco se ha realizado la ampliación de la planta El Salitre. Según argumenta Carlos Acero, gerente corporativo del sistema maestro del Acueducto de Bogotá, se está esperando a la CAR, que es la contratante. En cuanto a los interceptores, todos están un 90% construidos, a excepción del interceptor de Canoas que está en un 10%.
De acuerdo con Germán Galindo, gerente ambiental del Acueducto de Bogotá, “todos los procesos ya están en marcha, se viene avanzando en la construcción de los interceptores que transportarán las aguas residuales y las llevarán a las plantas de tratamiento. La planta de El Salitre continúa operando con una capacidad de 4 metros cúbicos por segundo, y próximamente se ampliará esa capacidad”. Es decir, cuatro años después aumentar la capacidad de El Salitre aún sigue en planes.
De acuerdo con Carlos Acero, estos interceptores entran a operar a finales de este año. “Se han invertido unos 500 mil millones de pesos para hacer estas obras, troncales y alcantarillado, que evitarán que el agua residual llegue al río Bogotá”.
En cuanto a la planta Canoas, según Acero se han realizado estudios de factibilidad y revisiones técnicas; en este momento está contratado un diseño de 26 mil millones de pesos para el saneamiento del río. En otras palabras, en casi cinco años el panorama en cuanto al río Bogotá sigue igual.
RESIDUOS PELIGROSOS
En la edición 15 de la revista (diciembre 2009 – enero de 2010), se publicó la nota ‘El monstruo que se empieza a ver’, a propósito de un registro liderado por el Ministerio de Ambiente y administrado por el Ideam, a través del cual fueron hallados una decena de cementerios de residuos hospitalarios en Atlántico, Boyacá y Bolívar. La noticia se desprendió de un informe parcial del Minambiente y el Ideam, y la información correspondió a los registros concluidos al 15 de octubre de 2009, fecha en la que se habían ultimado 2.700 registros de los cerca de 6.500 recopilados.
Según el informe, durante el 2007 y el 2008, 2.705 establecimientos considerados como gran des generadores de desechos peligrosos (respel), registraron cerca de 210 mil toneladas de basura peligrosa, cifra a la que hay que sumarle otras cerca de 4.500 toneladas de los medianos generadores. El sector de hidrocarburos fue, en aquella época, el que más aportó de todos.
Hoy, después de dos años, es difícil saber cuál es el panorama actual de los residuos peligrosos en Colombia porque, según explica Marcela Bonilla, directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aunque corresponde al Ideam recopilar la información capturada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos a nivel nacional mediante el Sistema de Información Ambiental (SIA), esta entidad se encuentra en proceso de validación de los registros de generación de residuos peligrosos correspondientes al año 2010, por lo cual no hay un parte oficial.
Sin embargo, en los años posteriores al artículo (2010, 2011 y 2012), el Ministerio de Ambiente no ha tenido conocimiento de reportes de incidentes graves con residuos peligrosos similares a los encontrados en el 2008 sobre el hallazgo de residuos hospitalarios en botaderos a cielo abierto o en áreas públicas. Aun así, y teniendo en cuenta que todos los países del mundo generan a diario diferentes tipos de respel, el Ministerio ha implementado una serie de estrategias con el objetivo de prevenir la propagación de residuos y promover el manejo ambiental adecuado a este problema, con base en la política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos expedida en el 2005.
Dichas medidas incluyen la actualización del marco normativo orientado a establecer medidas jurídicas sobre varios aspectos de la gestión y manejo de los residuos, con el fin de prevenir y controlar la degradación del medio ambiente y proteger la salud; la creación de nuevas empresas en el país dedicadas al manejo de los residuos; y el desarrollo del sistema de captura de información nacional denominado Registro de Generadores de Residuos, entre muchas otras acciones.
