¿Qué va a pasar con las principales reservas naturales de Colombia cuando se acabe la guerra? La pregunta surge después de cruzar los mapas de las históricas zonas de influencia guerrillera con las principales reservas naturales del país. Hablando solo de los parques nacionales naturales, 25 de los 57 que tenemos reportan presencia permanente de grupos armados ilegales, principalmente las Farc. Y aunque en algunos de ellos se siguen presentando cultivos de uso ilícito y minería criminal, es claro que la guerra los ha mantenido alejados de muchas otras prácticas depredadoras.
La cercanía del fin de la guerra nos obliga a pensar con juicio en mecanismos que prevengan el deterioro ambiental de unas reservas naturales que paradójicamente se harían más vulnerables. El presupuesto de la Dirección de Parques Nacionales Naturales ha sido absolutamente insuficiente y apenas da, con la ayuda de la cooperación internacional, para el mantenimiento de unos heróicos guardaparques que hasta con plata de sus propios bolsillos hacen maravillas para que los parques no se deterioren.
En la misma situación están las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, que son las autoridades ambientales en esas regiones donde el desarrollo urbano y la industrialización no ha sido notable: Amazonía, Chocó, La Macarena, La Mojana, San Andrés y Urabá, todas con excepción de San Andrés han sido escenario de enfrentamientos armados. Siendo la sobretasa al impuesto predial una de las principales fuentes de financiación de las CAR, estas corporaciones, que son las pobres del sistema nacional ambiental, reciben transferencias de un fondo donde las otras CAR hacen sus aportes. Ya se imaginarán los lectores las debilidades en formación técnica, equipos y herramientas de estas autoridades ambientales que, como todas las demás, deben evaluar solicitudes y hacer seguimiento a licencias, permisos y todos los trámites ambientales.
"No vaya a ser que dentro de diez o más años estemos añorando la guerra
para que se mantenga nuestra biodiversidad"
Pero si ese es el caso de las entidades que tienen la responsabilidad del cuidado de los recursos naturales, qué no decir de las autoridades locales que deben asegurar la calidad de vida de la población y su desarrollo económico. La inmensa mayoría de los municipios de las zonas protegidas no cuentan con una fuerte base industrial o comercial, por lo que sus ingresos provenientes del impuesto de industria y comercio son apenas simbólicos. Lo mismo sucede con las transferencias que reciben de la Nación; en ellas ocupan el último lugar entre las prioridades.
A propósito del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, urge tomar decisiones para asegurar ingresos adicionales a estos municipios, de tal manera que se les pague con cargo al presupuesto nacional por los servicios ambientales que prestan, como lo ha propuesto la congresista Claudia López. También hay que mejorar los ingresos de las autoridades ambientales de desarrollo sostenible y de la Dirección de Parques Nacionales Naturales. Pero lo más importante tiene que ver con el diseño de fuentes de trabajo e ingresos a las poblaciones de esas áreas, para que no tengan que verse en la obligación de depredar para poder vivir. No vaya a ser que dentro de diez o más años estemos añorando la guerra para que se mantenga nuestra biodiversidad.
