La medida había sido anunciada por el Ministerio de Ambiente para proteger la temporada de anidamiento de la tortuga carey.
Imagen de archivo. / Foto: Parques NacionalesEl próximo 15 de junio era la fecha que estaba estipulada para el cierre total de 1,5 kilómetros de Playa Blanca, ubicada en el corregimiento de Barú, en Cartagena. Esta fecha se había acordado después de una concertación entre el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Cartagena. Esta última argumentaba que no se les había consultado y que la medida podía afectar a las comunidades que viven del turismo.
En su momento el alcalde recién suspendido, Antonio Quinto, anticipó que estaba buscando las salidas para que “una vez se aplique la medida, no genere traumatismos, tanto para el turista y los nativos, como para la población en general… para que así podamos garantizarles condiciones de vida digna, puesto que en la zona viven cerca de 450 personas que realizan actividades de operarios turísticos, por eso no queremos afectar su mínimo vital”.
Después de esa reunión de concertación, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, había dicho categóricamente que el cierre de Playa Blanca entre junio y noviembre no tenía reversa.
Pero parece que sí la tiene. Este lunes una tutela fue admitida por la juez Luz Estela Payares, del Tribunal Administrativo de Bolívar, y presentada por el representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, José David Miranda López, en la cual se busca frenar el cierre por los posibles daños que habría sobre las comunidades.
Según se lee en el documento conocido por Catorce6, los derechos fundamentales alegados por Miranda son: debido proceso, participación, consulta previa, autodeterminación de los pueblos, autonomía de comunidades étnicas, al trabajo, mínimo vital y seguridad alimentaria.
El Gobierno Nacional ya había recibido estas quejas de supuesta falta de participación de las comunidades y se defendió diciendo que la medida fue socializada con ellos a través del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio.
El precedente de la tutela
Las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) han respondido a las solicitudes de la Procuraduría para la protección inmediata de derechos e intereses colectivos en Playa Blanca, que ordenó a Parques Nacionales prohibir de manera temporal el ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos, por medio de transporte marítimo a Los Corales del Rosario y de San Bernardo (Sector de Playa Blanca) a partir del 7 de julio de 2017.
Esta medida fue demandada por una acción de tutela impuesta también por el representante del Consejo Comunitario de Negritudes de Playa Blanca, con fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar No. 088 de 2017, a través del cual ordena suspender la Resolución 0255 de 2017 emitida por Parques Nacionales, “hasta tanto no se surta el trámite de Consulta Previa, la cual fue impugnada por Parques Nacionales Naturales ante el Consejo de Estado por ser una medida de control para evitar el impacto ambiental“.
