La decisión se da después que operadores no cumplieran las medidas tomadas por Coralina para control de carga del islote. Procuraduría lo había advertido.

Foto: El Isleño

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento - Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “CORALINA” declaró, no sorpresivamente, el cierre del Johnny Cay Regional Park a partir de este lunes 29 de mayo y de manera indefinida.

Esto “debido al incumplimiento de los acuerdos y las medidas tomadas por la Corporación para el control de la capacidad de carga por parte de los operadores y prestadores de servicios turísticos”.

La medida fue adoptada por CORALINA, luego de verificar que no se estaban cumpliendo las normas contempladas en el plan de manejo acordado, entre ellas, la disposición final de residuos sólidos, higiene en los restaurantes, vigilantes del cuidado de la naturaleza y especies del cayo, así como buen uso de baños y demás.

Dentro de las nuevas disposiciones contempladas en la resolución No 350 están la prohibición del ingreso de visitantes al parque natural Johnny Cay Regional Park, el arribo de embarcaciones particulares y la prestación de todo tipo de servicios incluyendo restaurantes, Aseadores, deportes náuticos entre otros servicios.

Se exceptúan de estas disposiciones las embarcaciones de carácter oficial, que tengan como finalidad asuntos propios de sus competencias y funciones.

En el artículo 4° de la resolución conocida por catorce6, advierte además que la violación de las medidas “constituye incumplimiento grave a las normas sobre el medio ambiente y su inobservancia dará lugar a la aplicación de la ley1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Una decisión anunciada

No es sorpresiva la decisión. El pasado 25 de abril la Procuraduría General de la nación había pedido el cierre temporal del cayo, hoy se sigue esa recomendación solo un mes después.

En ese momento el Ministerio público presentó cuatro intervenciones en los tribunales con el objetivo de proteger el derecho colectivo al ambiente sano de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entre ellos, una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano, además de la reevaluación del ingreso de turistas y las actividades comerciales a Johnny Cay.