La Policía de Bogotá, en el sector de San Benito, se encontró que varias de estas empresas de pieles llevaban años funcionando sin licencia.
Foto: captura Canal CapitalTambién participó la Unidad de Protección Ambiental y Ecológica, que junto a la Secretaría de Ambiente adelantó 50 sellamientos de industrias que se dedicaban al procesamiento de pieles de animales, en el Sector de San Benito, ubicado al sur de la capital.
Ningún establecimiento contaba con los permisos de vertimientos requeridos por la autoridad ambiental y estaban generando descargas de aguas residuales industriales, residuos sólidos y peligrosos, los cuales llegaban de manera directa a la red de alcantarillado público del sector y asi al río Bogotá, luego al Magdalena y posteriormente al mar Caribe.
Por supuesto esos compuestos peligrosos pasaban por quebradas y ríos de la ciudad, como por ejemplo el Río Tunjuelo. Las autoridades confirmaron que por el tipo de industria, el químico más común en los vertimientos fue el cromo.
“Para el procesamiento de estos cueros se requiere incorporar productos químicos, principalmente aquellos que tienen cromo, para mezclarlos con agua y realizar el lavado de las pieles. Posteriormente, estas aguas estaban siendo vertidas al alcantarillado las cuales terminan finalmente contaminando ríos y quebradas”, advirtió Óscar López, subsecretario de Ambiente.
Ya son 76 empresas, las cuales se dedicaban al procesamiento de productos de marroquinería en el sector de San Benito, las que han sido cerradas en los últimos meses. En pocas palabras esto significa que el 50% de las industrias allí presentes ya han sido sometidas a medidas preventivas de este tipo.
Y es que según datos oficiales, solo el 30% del sector industrial de ese sector está operando debidamente legalizado, lo que corresponde a un total de 54 empresas con permisos para el procesamiento de pieles. Otro 20% de las empresas están adelantando actualmente su trámite ante la Secretaría de Ambiente.
Como lo ha informado Catorce6, las multas podrían llegar hasta los 3.600 millones de pesos como lo establece la Ley 1333 de 2009.
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