La Fiscalía encontró que dos funcionarios y un exfuncionario montaron una oficina paralela en la que contactaban a sancionados y le ofrecían beneficios.
Imágen de archivo. / Foto: 90minutos.coEl ente investigador anunció la captura de dos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y de dos particulares, quienes habrían montado una oficina paralela utilizada para contactar a personas sancionadas por la afectación de recursos naturales y a quienes, a cambio de dinero, les prometían no aplicar las multas o en su defecto disminuirlas.
Un ingeniero de minas y un ingeniero agrónomo, ambos profesionales universitarios en Corpoboyacá, se habrían dado a la tarea de hacer uso de las bases de datos de la entidad para ubicar infractores ambientales y ofrecerles sus servicios ilegales. Junto a ellos fueron capturados un abogado que trabajó en la Corporación y su esposa.
La investigación inició el 5 de junio de 2017. Los implicados, al parecer, identificaban a los sancionados, les recomendaban los servicios profesionales del abogado quien, hasta el 15 de noviembre de 2017, se había desempeñado como funcionario de Corpoboyacá y supuestamente les ayudaría a reducir los montos a pagar o mediaría para la expedición de licencias ambientales, a pesar de que en muchos casos el solicitante afectaba los ecosistemas nativos y no cumplía con los requerimientos legales.
El conocimiento y los vínculos que el abogado sostenía con funcionarios de la Corporación Autónoma serían la garantía para concretar los ofrecimientos ilícitos, en muchas oportunidades a partir de expedientes que sustraían de la misma entidad.
Pero la oficina paralela de la que habla la Fiscalía no llegaba hasta ahí. Los dos actuales funcionarios y los particulares advertían las fechas programadas para las revisiones que realizaba la entidad, y proponía un plan de adecuaciones y mejoras para que los terceros interesados pasaran las revisiones sin contratiempos.
También hay indicios que vinculan a la esposa del abogado, quien sería la persona que contactaba presuntos clientes y recibía los dineros pactados para concretar el delito.
En total fueron identificados ocho procesos en los que Corpoboyacá habría impuesto sanciones y los señalados integrantes de la empresa paralela habrían intervenido para eliminar o disminuir los montos por diferentes conductas como: incumplimientos en los planes de manejo ambiental, falta de permisos para la explotación de carbón, ausencia de autorizaciones para ampliar la frontera agrícola para el cultivo de papa, ilícita comercialización de madera en Villa de Leyva y afectación de áreas protegidas como humedales en Nobsa.
Consultada por Catorce6, Corpoboyacá informó que las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación fueron solicitadas por ellos mismos a raíz de irregularidades detectadas en procesos administrativos sancionatorios, y de denuncias hechas por los mismos usuarios.
Posteriormente en un comunicado de prensa la Corporación anunció que “procederá a adelantar los trámites pertinentes con el fin de corregir o rectificar las decisiones afectadas por esta presunta actividad fraudulenta”.
