Tras el nombrado desastre del lago El Cisne, autoridades nacionales investigan responsabilidades y entidades ambientales manifiestan su diligencia en el caso. Lo cierto es que del cuerpo de agua no queda nada, solo preguntas por los culpables.
Ante la presunta incidencia disciplinaria por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el mantenimiento de la ciénaga El Cisne, señalada en el diario El Heraldo el pasado 31 de mayo, la entidad aseguró mediante comunicado que no conoce del informe de la Contraloría y que, además, este no corresponde con la realidad.
Los hallazgos del supuesto informe están relacionados con la falta de un balance hídrico que debía realizar la CRA para renovar concesiones de agua, el incumplimiento del Plan de Manejo del Recurso Hídrico de la Ciénaga del Rincón y la no restricción de caudales de dos empresas durante el fenómeno de El Niño en 2014.
“Esto se desvirtúa en primer lugar porque el canal nunca ha estado cerrado (el lago siempre se ha llenado por las crecientes del arroyo, a través de ese canal); en segundo lugar, porque los balances hídricos se contemplaron en el marco de los estudios que la entidad realizó con la Universidad del Magdalena, en el 2010, en desarrollo de lo establecido por el POMCA de 2007, y en tercer lugar porque la entidad ha adoptado todas las medidas de restricción de concesiones en todo el departamento, a través de la expedición de resoluciones de carácter general y particular, debidamente soportadas en los reportes del Ideam, sobre las condiciones de sequía que afronta el departamento”, dice el comunicado.
En cuanto al Plan de Manejo, la CRA afirma que la Contraloría lo evaluó bajo los criterios de cumplir con los objetivos de conservación del complejo de humedales del Magdalena Medio, una cuenca ubicada en el extremo opuesto del departamento, de la cual no hace parte el lago El Cisne. Además, tampoco se tuvieron en cuenta los actos administrativos expedidos por la CRA.
El informe publicado en El Heraldo también asevera que la Corporación no restringió a la empresa Matera Sabbagh para captar el recurso hídrico del cuerpo de agua. Ante esto, la entidad indica que ordenó a la firma suspender actividades y le impuso una sanción ambiental mediante la Resolución 160 del 8 de abril de 2014. Sin embargo, al parecer la compañía no acató la norma.
Asimismo, la CRA asegura que la empresa Proyecto Arquitectura Guillermo Otero Vidal decidió voluntariamente no tomar agua del lago desde 2013, por lo cual suspendió la concesión que le había entregado a este proyecto, mediante la Resolución 605 del 30 de septiembre de 2014.
Hace cuatro años, el lago lucía sano, con vegetación en sus orillas y era sustento de pescadores de la zona. / Foto: Cortesía CRA
De otra parte, según el comunicado, la entidad ha establecido medidas prohibitivas que han “buscado la conservación del cuerpo de agua” a través de otras seis resoluciones, que “resultan ser un ‘Mandato Expreso’ para todas aquellas empresas o personas naturales” que capten agua de forma legal o ilegal en el Lago El Cisne o Ciénaga El Rincón.
La CRA asegura que trabaja en el Plan de Recuperación Integral del lago El Cisne, que establecerá un sistema de bombeo, otro de tratamiento de aguas que alimentan la ciénaga, un esquema de intervención de la ronda hídrica y proyectos adicionales como la resiembra de material vegetal y la recuperación del entorno, para lo cual cuenta con 2.500 millones de pesos.
Es de destacar que el pasado 20 de mayo miembros del comité ciudadano Pro Lago El Cisne, la Gobernación del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional decidieron crear un comité jurídico para revisar la situación legal de los predios aledaños al área actual del lago, así como una posible restitución de bienes en la zona.
Para este jueves está programada una reunión con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, en la ciudad de Barranquilla, con el fin de tratar el tema.
Catorce6 intentó hablar con el director de la CRA, Alberto Escolar, pero este no se pronunciará hasta no ser notificado formalmente por la Contraloría General de la República.