Catorce6 pudo determinar que las autoridades ambientales otorgan concesiones para uso del recurso hídrico, aún sin saber con cuánta agua cuentan. Un balance hídrico es una tarea
Se dice que Colombia es uno de los países más ricos en agua del mundo. Sin embargo, no se han hecho los estudios suficientes para determinar cuál es la oferta del recurso hídrico / DFAT photo library - FoterPara saber cuánta agua se puede utilizar en una región, lo fundamental sería saber con cuanta se cuenta, o al menos eso parecería lo lógico, cuando se trata de un recurso esencial para la supervivencia, como lo es el agua. Eso lo saben los países y, por eso, es normal que en sus legislaciones existan medidas para su cuidado y conservación.
En Colombia, desde 1974, con la expedición del Código de Recursos Naturales la legislación empezó a hablar del aprovechamiento del agua, de su defensa y conservación. Así mismo de cómo debían otorgarse las concesiones para su uso, y que ellas estarían sujetas a su disponibilidad.
Más adelante, el decreto 1541 de 1978 dice que se debe asegurar la preservación cuantitativa del agua para garantizar su disponibilidad permanente y, 25 años más tarde, con la Ley 99 de 1993, se determinó que era función de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar las concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de esos usos. También las CAR serían las responsables de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.
Con la Ley 373 de 1997 se les asignaron más funciones a las Corporaciones, como las de fijar las metas del uso eficiente y ahorro del agua, teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Finalmente en 2012 se reglamentaron los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, mediante el decreto 1640.
Un balance hídrico detallado sería la base para tomar medidas acertadas cuando se aproximan los fenómenos de El Niño y La Niña
Un balance hídrico detallado sería la base para tomar medidas acertadas cuando se aproximan los fenómenos de El Niño y La Niña No se ha hecho la tarea
A pesar de las leyes relacionadas con la gestión del recurso hídrico, que le entregan la competencia a las Corporaciones Autónomas, aún no han hecho un inventario detallado del agua en Colombia.
Mediante derecho de petición Catorce6 solicitó a 37 autoridades ambientales, entre Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas, la información sobre la oferta de agua en cada una de sus jurisdicciones, específicamente el inventario de la oferta y las concesiones otorgadas por ellas mismas, es decir la demanda hídrica a fin de analizar el balance hídrico de cada una.
Hasta la fecha del cierre de esta edición, respondieron 26 autoridades de las 37, de las cuáles, solamente 14 lo hicieron en el plazo de quince días hábiles establecidos por la ley. Y, entre las respuestas, se evidencian dificultades para establecer el balance hídrico de las áreas de jurisdicción de las diferentes CAR, con salvadas excepciones. La información en general no establece la relación entre el volumen de la oferta y de la demanda.
Corpourabá no adjuntó documentos y sugirió en su contestación consultar informes de otras entidades, Corpoamazonía solicitó prórroga para entregar la respuesta, CAS Santander afirmó que enviaría la respuesta cuando logre compilarla y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS pidió que se especificara cuál información se requería para que allí se revisara si se tenía o no.
Con base en las respuestas enviadas a Catorce6, solo 21 de las 37 autoridades parecen haber adelantado un trabajo sobre recurso hídrico en sus jurisdicciones. Algunas lo consignaron en los planes de manejo y ordenamiento de cuencas -Pomca-, otras en la Evaluación Regional del Agua ERA y unas tienen sus propios documentos estadísticos.
Las que respondieron con alguna información, en algunos casos bastante detallada, principalmente de cuencas y concesiones, fueron Cundinamarca, Amazonia CDA, Cornare, Corporinoquia, CVC Valle del Cauca, CRQ Quindío, Cormacarena, Corpomojana, CRC Cauca, Cortolima, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Carder Risaralda, Corpoboyacá, el Área Metropolitana Valle de Aburrá AMVA, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, Corpochivor, Corponor y Corpoguavio.
Sin embargo, esto no quiere decir que la información estuviera consolidada, pues entidades como la CRC Cauca y Corpochivor la entregaron dispersa, es decir, recopilaron informes de otras entidades y universidades, sin que necesariamente haya un consolidado realizado por ellos mismos. Un caso parecido es el de CRA Atlántico, que incluso se remite a cifras de estudios de 1985, y adjunta números sobre precipitaciones y no sobre lo pedido.
Se destaca Corantioquia por presentar la Evaluación Regional Era y el balance hídrico, al igual que CRQ Quindío que envió la información completa. También está el caso de Cormacarena, que remite a sus Pomcas para la revisión de la información.
Otra corporación que envió un informe detallado fue la CVC del Valle del Cauca, que actualizó los datos de oferta y demanda en 2017, aunque su monitoreo de los caudales solamente se hace desde el nacimiento de los afluentes hasta el sitio de localización de una estación de medición y de ahí en adelante no establece cómo varía el caudal.
En las respuestas de las corporaciones también se encuentran inconsistencias en la información. En el caso de Corporinoquia, la información presenta inconsistencias. Por ejemplo, dice que al acueducto de Arauca utiliza 1 litro por segundo, una cifra irrisoria y lejos de la realidad de demanda del sistema de abastecimiento de agua de una ciudad.
Un caso llamativo es el de la CDMB de Bucaramanga y la CAS del Santander pues, a pesar de que las manifestaciones de la ciudadanía por la conservación del Páramo de Santurbán han estado en la agenda de los medios de comunicación los últimos años, ninguna de las dos autoridades ambientales parece tener el balance hídrico de su zona.
Así mismo, con las autoridades ambientales urbanas ocurre que otorgan concesiones cuando muchas veces su oferta hídrica depende de jurisdicciones de otras corporaciones, instituciones y entidades territoriales y gubernamentales.
Las CAR entregaron informes detallados de concesiones de agua, frente a información general sobre la oferta hídrica
Las CAR entregaron informes detallados de concesiones de agua, frente a información general sobre la oferta hídrica Y ¿cómo se dan las concesiones?
Diversas fuentes consultadas por Catorce6 coincidieron en que, aunque no es la generalidad, las CAR entregan concesiones a quienes cumplen con los requisitos, sin que necesariamente se tenga un conocimiento de la oferta. Si se tiene en cuenta que desde hace décadas se debió haber hecho el inventario del agua, esto podría significar que, en algunos casos, las concesiones hayan sobrepasado la oferta natural y no se deje ni el caudal ecológico en algunos casos. Es decir, la cantidad mínima de agua indispensable en un río para que no desaparezca.
Así, no tener el inventario recae en varias problemáticas. Omar Franco, exdirector del Ideam, recuerda que cada vez que llega el fenómeno de El Niño, la pérdida en el caudal de algunas cuencas prácticamente es del 100 por ciento. “Esto representa que cuando llueve hay agua en los cauces y cuando no llueve, no. No hay agua para la biodiversidad y estas microcuencas están entrando en unas situaciones críticas con el tiempo”, dice.
Por otro lado, está la entrega sin restricciones de concesiones a proyectos productivos, a pesar de que la Ley 99 de 1993 dice que tendrá prioridad el agua para el consumo humano.
Franco cree que poner por encima de la oferta natural del recurso hídrico la actividad productiva lleva a que las empresas y las industrias exijan la concesión, así la oferta no sea suficiente, y esto detona los conflictos sociales, económicos y ambientales.
Sobre esto, el trabajo ‘Las concesiones de agua, una revisión con criterio de equidad y eficiencia’, hecho por Silvia Corrales, de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle en 2015, mostró cómo se presentaba una inequitativa distribución en el acceso al agua, porque las concesiones favorecen a los intereses de los usuarios grandes con poder en cada región y no se protegen las necesidades de los usos prioritarios dentro de los cuales están los más pobres.
Los funcionarios de las CAR consultados por la académica revelaron que los trámites, que consisten en completar muchos documentos y diligenciar varios formatos, son realizados principalmente por los grandes usuarios que tienen el conocimiento y los medios suficientes para completar los requisitos, mientras los pequeños usuarios tienen más dificultades para ello.
Por otro lado, la investigación encontró falta de proporción entre el tamaño y población de varios departamentos con la cantidad de agua concesionada per cápita y la destinada para usos agropecuarios, industriales, generación eléctrica y otros usos. En conclusión, se halló que “los criterios de equidad y eficiencia con los cuales otorga el agua quedan a discreción del funcionario encargado, ya que no hay lineamientos claramente establecidos sobre los criterios de equidad y eficiencia. Se utiliza principalmente el orden cronológico de solicitud sin tener en cuenta la prioridad en los usos del agua como estipula la normatividad”.
Lo que salta a la vista es que las CAR no han establecido como prioridad contar con la información del recurso hídrico de su jurisdicción. 'Conocemos aproximadamente entre 25 y 27 por ciento de las aguas subterráneas del país'
Lo que salta a la vista es que las CAR no han establecido como prioridad contar con la información del recurso hídrico de su jurisdicción. 'Conocemos aproximadamente entre 25 y 27 por ciento de las aguas subterráneas del país'Aguas subterráneas, mayor desconocimiento
El mayor vacío en información sobre el recurso hídrico en Colombia es sobre las aguas subterráneas. De las 22 CAR que respondieron a Catorce6, solamente 14 hicieron referencia al inventario de acuíferos en su área de jurisdicción.
Algunas enumeran pozos, aljibes y manantiales, mientras que otras solamente tienen listados de uno de estos tres cuerpos de agua, rara vez con cantidades de líquido.
Hay varios casos en los que se entrega información parcial, sacada de Pomcas, de estudios hidrográficos de universidades o se hace referencia del Estudio Nacional del Agua, el referente nacional en recurso hídrico publicado cada cuatro años por el IDEAM, pero que tiene un enfoque más global y no tan específico como exige la normatividad vigente a las CAR.
En general, las corporaciones que respondieron adjuntan documentos con los detalles de las concesiones dadas de aguas subterráneas en su territorio, esto, teniendo en cuenta que se ignora la cantidad de la oferta. “Conocemos aproximadamente entre 25 y 27 por ciento de las aguas subterráneas del país. El déficit de conocimiento es inmensamente grande”, reitera Omar Franco, quien afirma que con esa información se podría dar solución a dificultades de abastecimiento de muchas comunidades y garantizar la posibilidad de que numerosos territorios fueran más productivos.
Sin embargo, más allá de las aguas subterráneas, es evidente que las CAR no han logrado eficiencia en la recopilación de la información, bien sea porque aún parecen depender de metodologías manuales o porque no cuentan con las estaciones de monitoreo necesarias para lograrlo. También es evidente la falta de continuidad en los estudios por el cambio de funcionarios. De cualquier forma, mientras las CAR no terminen la tarea y no hagan una adecuada gestión del recurso hídrico, los titulares seguirán siendo sobre sequías e inundaciones, sobre los destrozos de los visitantes anuales, ‘El Niño’ y ‘La Niña’, y se seguirán dando concesiones y entregando agua a quien lo solicite, sin saber realmente si el recurso ya está agotado.
