Desde la Procuraduría hasta investigaciones de docentes de la Universidad Externado se da cuenta de la posible politización al interior de estas corporaciones.
Foto: Universidad de los Andes
Según dijo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, “fuertemente politizadas están las Corporaciones Autónomas Regionales y no están cumpliendo con su labor de control y vigilancia en los temas ambientales del país, por ello desde el ente de control existe una comisión de seguimiento y vigilancia de las mismas”.
El Procurador señaló que solicitó en su momento al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano que a quienes se designe como sus representantes en esas corporaciones lo hagan siempre teniendo en cuenta los méritos, las calidades éticas, trayectoria académica y la experiencia, para no entregarle esas corporaciones a la clase política tradicional como ha sido la regla.
De acuerdo con cifras indagadas por Catorce6, las 33 corporaciones tuvieron recaudos en el año 2018 que ascendieron a 3.75 billones de pesos, $801.379 millones más que la vigencia anterior. La renta de mayor participación en el incremento corresponde a los recursos de capital con un 84%.
Actualmente la Procuraduría adelanta 396 actuaciones preliminares sobre las CAR por distintos aspectos delictivos; 244 de estas investigaciones corresponden a presuntos actos irregulares del manejo administrativo y de contratación de las CAR, las 184 restantes se refieren a investigaciones preliminares, por participación en política, contratación irregular, nóminas paralelas, corrupción en el otorgamiento de licencias ambientales, concesiones o permisos.
Pero, ¿son realmente las CAR cuevas de corrupción, como se les conoce?, la investigadora de la Universidad Externado, Carolina Montes Cortés Ph.D, señaló con base en informes de la Contraloría General de la República y de otras entidades, que efectivamente quienes califican a las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR del país, como ‘cuevas de corrupción’, tienen toda la razón.
La experta, autora del trabajo “La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural”, evidenció en su estudio cómo son escandalosos los sobrecostos en compras; contratos que no se cumplen y su ejecución no se vigila; apropiación de los recursos de la entidad por parte de los funcionarios; favorecimiento de intereses políticos; sobornos para impulsar decisiones; derroche de recursos cuantiosos.
“Un serio caso de corrupción en el departamento del Chocó se dio en torno al Salvoconducto Único Nacional, que es la autorización entregada por la autoridad ambiental para la movilización de los especímenes de diversidad biológica provenientes de los aprovechamientos forestales. Según los hallazgos de la CGR [Contraloría General de la República] en la jurisdicción de Codechocó se movilizan volúmenes mayores de los autorizados en el salvoconducto o se transportan especímenes no autorizados. Para el año 2013 se pudo determinar que el 64 % de las especies forestales que fueron movilizadas en el departamento del Chocó se encontraban en el catálogo de especies amenazadas”.
El estado actual de las CAR, de acuerdo con la autora, representa la muerte de un ideal de entidades descentralizadas, basadas en el conocimiento, la técnica y la transparencia, para administrar y defender un patrimonio que hace a Colombia una nación rica entre las ricas, aunque la verdad es que esto puede cambiar en virtud de la corrupción y el desgreño.
“De ese paradigma de desarrollo sostenible y defensa del patrimonio natural solo queda un conjunto de fortines burocráticos con una misión desdibujada en un ámbito en el que predomina el interés privado sobre el público”. Montes subraya cómo esta realidad afecta no solo los recursos públicos sino los recursos naturales que se dejan al mejor postor.
“La degradación de los recursos naturales a causa de un permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas o de aprovechamiento forestal otorgado para favorecer a particulares o industrias, tiene un alto costo económico que la población debe asumir, no solo como una pérdida en el patrimonio natural, sino como consecuencia de las inversiones que luego se deben realizar para recuperarlo. Esto, sin mencionar los costos en los que deberán incurrir tanto el Estado como la población para atender los problemas de salud que se deriven por la mala calidad del ambiente”.
Así mismo, en el año 2017, la situación de corrupción en estas entidades también se evidenció por parte de la ANDI, cuando presentó la Encuesta de percepción de Impacto de la Corrupción en la Actividad Empresarial, determinando que las CAR, son la cuarta corporación con mayor incidencia en favorecimientos y corrupción, después de aduanas, alcaldías y DIAN.
La encuesta evaluó 24 entidades del sector público, en donde las corporaciones figuraron también en el segundo lugar como las entidades con mayores dificultades para desarrollar algún trámite.
De acuerdo con informes de la Procuraduría, 18 directores de corporaciones autónomas regionales, además de ANLA y Dagma están siendo investigados por los hechos anteriormente descritos, la CARDER en Risaralda, la CAR Cundinamarca, Corpoboyacá, Cormagdalena, Corpocesar, la CAS en Santander, Cardique en Bolívar y la CVC del Valle del Cauca presentan el mayor número de investigaciones.
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