Pasó la campaña política y los escándalos de los candidatos más opcionados impidieron que los electores viéramos el alcance de lo que están dispuestos a hacer por el país. Paradójicamente, al tiempo que las campañas desplegaban sus estrategias, Colombia conoció su descenso en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale (del puesto 9 al 85), se supo de la sequía del Casanare, se cerró la operación del puerto de Drumond en Ciénaga, se publicó un fallo sin antecedentes del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, se presentó un incremento de accidentes en las minas ilegales, se delimitó el páramo de Santurbán… para solo hablar de los hitos más destacados de nuestra reciente realidad ambiental. Y todo esto pasó mientras los candidatos y sus campañas miraban hacia otro lado para construir su mensaje.

Parecería que el interés de nuestros dirigentes sigue repartido entre las urgencias económicas y la manera como pueden descalificar a sus contradictores. Mientras tanto, los colombianos somos los principales contaminadores del Caribe por efecto de los ríos que ensuciamos a diario, deforestamos a una tasa de 147.946 hectáreas por año y nuestro indicador de enfermedades respiratorias agudas por la calidad del aire que respiramos es el más alto en morbilidad (1.244.745 casos en 2013).

Aun así, lo ambiental no es prioridad en las elecciones, a pesar de que hace cuatro años nos entusiasmamos cuando los candidatos presidenciales firmaron un documento que fue conocido como el Pacto Ambiental Colombiano. Lamentablemente, todo parece indicar que el ejercicio terminó convertido en una puerta de ingreso al gobierno de su principal promotora, primero como Ministra designada de Ambiente y luego como directora de una agencia donde el tema ambiental no aparece como prioritario.

¿Pero qué tan importante es que se hable del tema ambiental en una campaña política? Lo primero es que las propuestas de campaña son el insumo principal de los planes de desarrollo de los elegidos. Además, permiten identificar las prioridades de la agenda pública y, por ende, la base de las políticas públicas que define el gobierno. Ya no pasó en estas elecciones, lo que implica que esa tarea —como muchas otras— nos queda a los ciudadanos.

Nuevamente, como en tantas otras decisiones que se han tomado en el país, corresponde a la academia, a las organizaciones ciudadanas, a los líderes de opinión, a los medios de comunicación, llamar la atención sobre la urgencia de plantear estrategias para construir una política nacional ambiental que es inaplazable y que aún no tenemos. Necesitamos prender las alarmas desde todos los ángulos para que se aborde ipso facto la discusión sobre la gestión integral del territorio como paso para definir un escenario institucional donde se resuelvan los cada vez más recurrentes conflictos por el uso de recursos naturales. Lo mismo sucede con las decisiones en materia de adaptación y lucha contra el cambio climático, que aún no comprometen al conjunto de las instituciones públicas, siendo el principal problema ambiental que enfrenta la humanidad.

En la recuperación del debate ambiental debemos retomar el esfuerzo realizado a propósito de la Cumbre de Río + 20, donde Colombia propuso la necesidad de definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deberán ser adoptados en la Asamblea de Naciones Unidas de 2015. Esa puede ser la oportunidad para que el tema ambiental adquiera la significación pública que amerita. Nuestros nietos nos lo reconocerán.