Por José Graziano da Silva
Director General de la FAO
Especial para Catorce 6

América Latina y el Caribe se encuentra en un momento decisivo de su historia. Gracias a los avances en términos sociales, económicos y productivos, la región está ad portas del desarrollo. En los próximos años puede repetir los errores que los países del primer mundo cometieron o puede adoptar una ruta propia que la lleve al desarrollo plenamente sostenible, tanto en términos humanos como ambientales. Y este camino distinto empieza con la erradicación total del hambre.

A principios de 2015, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) asumió el compromiso formal de acabar con este flagelo al año 2025. El Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre ha recogido las principales políticas y experiencias exitosas de los países de la región para crear una hoja de ruta hacia hambre cero. Se trata de una meta aún más exigente que la adoptada por la comunidad internacional a través de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fijaron el año 2030 como el plazo límite para erradicarla.

La región ha logrado los mayores avances en esta lucha, ya que más de 30 millones de personas han superado la subalimentación en los últimos 25 años. Además, fue la única región del mundo en lograr las dos metas internacionales del hambre, tanto la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la de la Cumbre Mundial de la Alimentación, al reducir tanto su proporción como su número total de subalimentados a menos de la mitad desde 1990.

Hace unos 25 años, el 14,7 por ciento de los latinoamericanos y caribeños vivían con hambre, más de 66 millones de mujeres, hombres, niños y niñas pasaban los días sin comida suficiente para llevar una vida sana y activa. Hoy el porcentaje se ha reducido a solo 5,5 por ciento, pero aún quedan 34,3 millones que padecen este mal.

En Colombia, la población más vulnerable es aquella que habita zonas rurales apartadas, donde se han vivido con mayor intensidad los efectos del conflicto armado desde hace más de 50 años. Como consecuencia, estas comunidades han visto comprometida la producción de alimentos y han padecido la destrucción de los cultivos, las restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados, el desplazamiento forzado primordialmente hacia zonas urbanas y las afectaciones al medio ambiente. Ello ha incidido negativamente en su seguridad alimentaria y los efectos suelen persistir tiempo después, ya que la recuperación de los cultivos, la infraestructura y el capital social puede tomar varias décadas.

Luego de tres años de diálogos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, muchos observadores coinciden en que la firma de un acuerdo de paz podría ser alcanzada durante el primer semestre de 2016. Su construcción y consolidación tras la firma del acuerdo requerirán grandes esfuerzos y liderazgo del Gobierno al nivel nacional y local, así como el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

La FAO coopera con el Gobierno colombiano y pone a su servicio todas las herramientas de las que dispone para avanzar hacia la recuperación del campo e impulsar el desarrollo rural y la construcción de paz. En ese contexto, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional desempeñan un papel importante, así como la amplia experiencia de la organización en programas de campo y trabajo con comunidades rurales vulnerables.

El derecho humano a la alimentación y la obtención de la seguridad alimentaria y nutricional para toda la población, incluyendo la de zonas afectadas por el conflicto y las comunidades que se reintegran a la vida civil, deben estar en el centro de las políticas públicas para la consolidación de la paz y la erradicación de la pobreza rural en los territorios afectados. Un énfasis especial deberán tener los programas de combate a la desnutrición crónica infantil y los programas de alimentación escolar.

Esta sería la base para hacer frente a muchas de las problemáticas que afectan a la población rural pobre en Colombia, como el acceso a la tierra y la productividad de la agricultura familiar, ya que no puede existir paz sin seguridad alimentaria ni seguridad alimentaria sin paz.