El Tribunal Administrativo acogió los argumentos de los demandantes que pedían suspender la Ventanilla Minera. Gobierno ya interpuso recursos legales para frenar la decisión.
Imagen de referencia. / Foto: PixabayLa decisión se da luego de que de que el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, interpusiera una demanda contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
En consecuencia, el Tribunal ordena “Suspender los efectos de la Resolución 484 de 2012, que reabrió la ventanilla minera” hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca "en un término no mayor a tres (3) años, las respectivas delimitaciones y/o zonas de reserva de recursos naturales, tales como humedales, páramos, parques naturales, aguas subterráneas y demás áreas de importancia ecológica, con base en estudios técnicos, idóneos, integrales, precisos, adecuados y eficaces, que garanticen la preservación del ambiente y de los recursos naturales".
“Esta es una decisión judicial que finalmente acepta que la política en materia minera tiene irregularidades sustantivas que deben corregidas. Para ello compromete a las instituciones mineras y ambientales para que de manera coordinada ordenen la casa antes de seguir adelante” dijo Iván Cepeda.
Y es que según el fallo, la ventana podría estar cerrada hasta por tres años porque es el plazo que le da a Minambiente para hacer la delimitación de zonas de reserva, no solo de páramo, sino también de humedales, Parques Nacionales, aguas subterráneas y demás áreas de importancia ecológica.
Después de esa delimitación, La Agencia Nacional Minera tendrá un plazo de un mes para actualizar el catastro minero y, con esa información, empezar a funcionar normalmente con la ventailla minera.
El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Minería, ya sentó su posición sobre el fallo. En un comunicado de tres puntos se limitó a decir que es un fallo de primera instancia, que presentará recuros de apelación para que el caso se eleve al Consejo de Estado, que las medidas ordenadas no están en firme y que por eso la ventanilla minera seguirá en funcionamiento hasta que el contencioso administrativo se pronuncie.
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