La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) también multó a Hilda Cañón Cañón, por la tala ilegal de más de 566 hectáreas de bosque.
Foto: Fiscalía
La CDA adelantó y concluyó el proceso, decidiendo poner una millonaria multa de 1.314’737.700 pesos luego de demostrarse que Hilda Cañón Cañón compró predios rurales (posteriormente objeto de la investigación) y que los ocupaba desde 2016, año en el cual comenzó la deforestación.
Dentro del proceso administrativo, concluido el pasado 19 de diciembre, también se pudo probar que los predios comprados correspondían en su mayoría a baldíos de la Nación ubicados en Zona tipo A de reserva forestal, donde está prohibida la ganadería extensiva; en zona de preservación del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero, objeto de medidas especiales de conservación y protección; y de protección hídrica donde debe prevalecer el efecto protector y solo se permite la obtención de frutos secundarios del bosque.
Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la cual se encargará de establecer las responsabilidades y las sanciones penales a las que haya lugar.
Un día antes de la sanción impuesta a Hilda Cañón Cañón, la CDA, expidió la Resolución 429 de 2019 (del 18 de diciembre de 2019) en la que concluye y se establecen las sanciones contra dos alcaldes y el Gobernador de Guaviare.
En el proceso, que inició en 2016 gracias a una queja anónima por la deforestación sobre la vía Calamar-Miraflores, fueron halladas responsables de grave daño ambiental a la Gobernación de Guaviare, en cabeza de Nebio de Jesús Echeverry Cadavid; la Alcaldía de Miraflores en cabeza de su alcalde, Jhonivar Cumba; y a la Alcaldía de Calamar, en cabeza del alcalde Pedro Pablo Novoa Bernal.
Las multas fueron impuestas por los siguientes valores:
Gobernación de Guaviare. Nebio de Jesús Echeverry Cadavid: $1.034’038.535
Alcaldía de Miraflores. Jhonivar Cumba: $689’359.023
Alcaldía de Calamar. Pedro Pablo Novoa Bernal: $689’359.023
Tanto el Gobernador como los alcaldes enfrentan también procesos ante la Fiscalía General de la Nación por la construcción y uso de una carretera de 138 kilómetros entre Calamar y Miraflores (Guaviare), en un área de especial protección ambiental.
Cada uno de los sancionados deberá instalar en el sector objeto de recuperación dos (2) vallas en estructura metálica, con tablero en lámina galvanizada, impresas en banner laminado de 7 metros por 3 metros, con temática alusiva contra la deforestación; las cuales deberán ser instaladas en el corredor vial del área intervenida y previa concertación del diseño con la autoridad ambiental.
De igual forma, deberán sembrar 10.000 plántulas, cada uno, de especies forestales productoras endémicas del área afectada, con su respectivo encerramiento en el área afectada y en un plazo de 150 días posteriores a la notificación de la sanción.
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