Autoridades regionales los encontraron con un colombiano y les decomisaron una draga en el rio Atrato que fue declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-622/16.
Draga Ilegal a la orilla del Atrato / Foto: CodechocóLa Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y la Policía Ambiental que encontraron actividad minera con draga en el barrio Los Alamos, en Quibdó, sobre el Río Atrato.
Durante la inspección resultaron capturadas tres personas, una de nacionalidad colombiana y dos extranjeras, quienes fueron dejadas en manos de las autoridades competentes.
Aunque el comunicado oficial de Codechocó no especifica la nacionalidad de los dos extranjeros, fuentes consultadas por Catorce6 señalaron que se trata de dos brasileros de los tantos que han llegado al país a cometer el mismo delito. Vale la pena recordar que hace menos de dos semanas otros 13 ciudadanos de ese país resultaron capturados en el Bajo Cauca.
Durante la visita de inspección y seguimiento en Chocó, los técnicos lograron determinar que las labores de explotación minera, no contaban con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental, para el desarrollo de la actividad, además de estar localizada en la ronda hidráulica del Río Atrato el cual es sujeto de derechos mediante la Sentencia T-622/16.
Por su parte, la Subdirección de Calidad y Control Ambiental de la Corporación, actualmente, está adelantando los operativos necesarios en la jurisdicción, con el apoyo de las autoridades con el objetivo de identificar y atender las zonas de mayor afectación y los responsables de los daños ambientales.
¿Cómo va la protección del Atrato?
En el marco de la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional que declara al río Atrato como sujeto de derechos, el Gobierno Nacional presentó los avances en el cumplimiento de la misma. Hasta el momento el Ministerio de Ambiente ha creado comisiones para empezar a desarrollar distintas tareas.
Por un lado el comité interinstitucional y cinco comités técnicos en temas como descontaminación, salud, seguridad alimentaria y minería, para discutir lineamientos, involucrando a las comunidades.
Además se creó la comisión de guardianes, conformada por un cuerpo colegiado en cabeza de las comunidades, y por el Ministerio de Ambiente. “Con los guardianes de las comunidades uno de los objetivos es concertar una metodología de trabajo en conjunto, a fin de garantizar mayor participación de comunidades en la Sentencia”, afirmó Norman Moreno, coordinador de la Sentencia por parte del Ministerio de Ambiente.
