En el Plan Nacional de Desarrollo quedó consagrado el mecanismo de formalización bajo el amparo de un título minero, radicando en un primer momento el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.
Un computador fue hurtado en las oficinas del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, el cual contenía información relacionada con la vulneración de derechos manos en trabajos extractivos en Cesar, Magdalena, Tolima, Chocó y Cauca.
