Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6
La OCDE, que para muchos puede parecer una organización inocua, tiene como objetivo coordinar las políticas económicas y sociales de sus países miembros para impulsar la prosperidad y combatir la pobreza. Lograr ser aceptados en esa organización no es el premio final, es un compromiso permanente de avanzar hacia un estado superior de bienestar para sus gentes. Tiene la ventaja de que posee inconmensurables canteras de conocimientos y experiencias de otros países, útiles para evitar errores y aprovechar aciertos.
Ahora la OCDE le sugiere a Colombia que adopte una nueva legislación ambiental, en particular sobre los residuos domiciliarios, los residuos peligrosos y las licencias ambientales.
Diariamente nos estamos llenando de residuos, pero los avances para evitarlo son de a milímetro por década. Se estima en 40.000 ton/día la producción diaria de residuos domiciliarios, además de la generación diaria de residuos peligrosos como llantas usadas, baterías agotadas, equipos eléctricos y electrónicos, bombillos quemados, medicamentos vencidos, etc. Son muchas las opciones que existen para el reciclaje y aprovechamiento de estos, y muy poca la vigilancia de las CAR y las autoridades ambientales urbanas, así como muy lento el avance del Ministerio de Ambiente en la regulación. De otra parte, las metas de los programas posconsumo de la Andi son muy tímidas. El problema exige una velocidad mayor.
Es muy importante que el plan de acción no lo impongan los generadores de los residuos u operadores, en quienes prima el cuidado de su economía. De lo mismo adolece la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, con un agravante muy delicado. Después de que expiden las modificaciones a la regulación, los municipios deben esperar que se venzan los contratos con sus operadores para adoptarlas. De manera que un cambio hoy solo lo verán los ciudadanos y el país varios años después. Urgen acciones prontas para corregir esta desarticulación institucional y dejar atrás el desgobierno. ¡Qué angustia!
Es fundamental que el plan de acción
no sea impuesto por los generadores de
residuos u operadores, en quienes prima
el cuidado de su economía
Los jóvenes y los visitantes de países prósperos no entienden cómo no hay un reciclaje eficaz en Colombia; peor aún, siendo un país megadiverso.
El licenciamiento ambiental adolece de la misma desarticulación. La más grave es que primero se diseñan los proyectos y después se piensa en el aspecto ambiental, por la necesidad de la licencia. La regulación ambiental no impuso criterios previos a los diseños finales. Por ello así actúan la mayoría de los privados, pero más grave todavía es que así actúan también el Iinvías, Minstransporte, Minminas, Minagricultura, el Fondo de Adaptación, las alcaldías, las gobernaciones, etc.
De esta lógica invertida salen las solicitudes de licencias ambientales. Y para rematar el procedimiento, la Anla exige diseños de los proyectos, en lugar de exigir en materia de máximos impactos permitidos. Ello va en contra del ambiente y de los proyectos. Fortalece un Estado que honra la tramitología y estimula los “peajes” en lugar de la protección ambiental.
Atender esta recomendación de la OCDE es imperativo y urgente.
